La algarabía de la población boliviana por la llegada del Dakar 2018 a Bolivia trajo consigo inesperados episodios un tanto sui generis que merecen ser analizados no solo por las autoridades nacionales, sino también por la comunidad internacional, sorprendida por una tensa sensación de tranquilidad social que muy hábilmente el Gobierno pretendió simular y aparentar, recurriendo a la represión ejercida por los efectivos del verde olivo contra la masiva concentración de manifestantes que, a criterio personal, ejercieron un alto grado de violencia y uso de agentes químicos innecesarios, ante las expresiones legítimas del descontento generalizado de la población que pide la abrogación total del nuevo Código del Sistema Penal.

Muy a pesar de los intentos del Presidente y los ministros por minimizar las múltiples expresiones de rechazo a la nueva ley, por parte de los sectores sociales como la COB, la Universidad Mayor de San Andrés, profesionales del área de salud y los productores de coca de los Yungas en La Paz, considerándolos como “grupos pequeños que intentan dar mala imagen a Bolivia”, quedó en evidencia que el país efectivamente se encuentra convulsionado y con amplias posibilidades de ir acrecentándose peligrosamente a nivel nacional, si acaso no se toman medidas responsables que vayan mucho más allá de recurrir al argumento convencional de la represión y la violencia desmedida contra los sectores de la sociedad civil que claman efectivizar y poner en práctica el discurso del Presidente “gobernar escuchando al pueblo”.

Probablemente, más de uno quedó sorprendido gratamente e hizo suyas las palabras del piloto boliviano Leonardo Martínez, quien después de participar de una dura y exigente jornada del Dakar, se dirigió a Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García para pedirles el respeto a la Constitución Política y a los resultados del referendo de 21 de febrero de 2016 que, por cierto, le significaron al país, más de 168 millones de bolivianos. El corredor cruceño señaló: “Todas las reglas y las normas del Dakar las respeto… la mayoría votamos No”; “Solamente le pido señor Presidente, respetemos la Constitución, respetemos el 21 de febrero”. Las expresiones de asombro e incomodidad quedaron reflejados en los rostros petrificados de los primeros “fanáticos” del Dakar...

Sin duda, este incómodo momento permitió dar a conocer al mundo que en Bolivia la situación social y política por la que venimos atravesando no es de las mejores y que se vive una tensa calma de sectores sociales en apronte, que poco o nada tienen que celebrar con el paso Dakar, que por cuarto año consecutivo atraviesa por territorio boliviano y cuya franquicia le significa al país una inversión de cuatro millones de dólares, un millón más de lo que costaron las versiones del 2015 y 2016, y dos millones más que la del año 2014.

Al margen de estos datos, que no dejan de sorprender, queda claro que la sociedad boliviana se encuentra anonadada con el accionar de los operadores políticos del Gobierno que, a su turno, pretenden construir discursos inconsistentes y carentes de credibilidad, defendiendo lo indefendible, recurriendo continuamente a la manipulación y al pseudoconsenso de sectores sociales afines como el Conalcam y las seis federaciones del trópico que no expresan en absoluto, la voluntad y la voz del soberano...

Lo cierto es que el Gobierno no ha cumplido con los resultados del referendo del 21F y, más aún, no ha logrado generar discursos convincentes capaces de lograr acuerdos con relación a la nueva ley, dejando evidenciar paradójicamente que aún los propios creadores y defensores de la cuestionada norma no poseen argumentos sólidos que puedan rebatir las observaciones estructurales (...)