Después de muchos años, Cochabamba amaneció ayer totalmente bloqueada. Por donde uno iba, encontraba calles y avenidas cerradas no solo por vehículos, sino por cintas, cordones, sillas, galones, maderas, piedras e incluso triciclos y juguetes de niños.

Los qhochalas fueron, en algunos casos, muy ingeniosos para bloquear las vías y hacer respetar el paro cívico.

Asimismo, se advertían vecinos, entre ellos ancianos, vigilando porque ningún carro ni motocicleta circule; aquel que se atrevía hacerlo, era criticado por no sumarse a la medida de presión, e incluso la llanta de su motorizado era pinchada.

El paro de ayer fue contundente, no se lo puede negar. Desde hace mucho tiempo no se había visto a gran parte de los cochabambinos unidos en una medida de presión.

A muchos hizo recuerdo aquellos históricos paros cívicos que en la década del noventa se realizaban exigiendo al Gobierno de turno la ejecución del tan anhelado Proyecto Múltiple Misicuni. El agua era una necesidad que unía a todos y motivaba a salir a las calles a bloquear, una y otra vez.

Ahora, gran parte de cochabambinos se unieron para exigir la abrogación del nuevo Código de Sistema Penal, norma que aunque el Gobierno plantea revisar los artículos y hacer los ajustes necesarios en el lapso de un año, no parece convencer a muchos. Fruto de ello fue precisamente el paro que se realizó este martes y que logró paralizar más del 90 por ciento de las actividades, a excepción de la banca e instituciones públicas estatales.

Pero ¿cuánto sabe la gente de la polémica norma que todos hablan y exigen su abrogación? Parece que poco.

La norma, de por sí, es compleja y bastante técnica. Es por ello que cuando una pregunta ¿a qué artículo de los más de 600 que tiene la nueva normativa se opone?, la respuesta demora.

Sin embargo, hay sectores como los transportistas o los empresarios que tienen claro los efectos que podría causar la norma, que fue promulgada el 22 de diciembre del año pasado.

En el fondo, lo que se percibe es que una buena parte de la población que ayer salió a bloquear e impedir que nadie se atreva a romper el paro cívico, no es solo la abrogación del Código de Sistema Penal, sino el respeto a los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 (21F), cuando el No a una reelección se impuso con más del 51 por ciento de los votos.

Aunque los políticos de oposición y varios sectores hablan más de la abrogación de la polémica normativa, saben que esa no es la mayor demanda que busca una respuesta del Gobierno.

Todo esto hace pensar que, aunque el presidente Evo Morales finalmente acepte abrogar el Código, los conflictos seguirán en el país, porque se creerá que el Ejecutivo solo dio respuesta a una de las dos demandas que hoy por hoy están “casadas”.

Hasta hace poco, el pedido de respeto al 21F solo se escuchaba en algunos sectores, pero hoy parece haberse amplificado en otros.

Ojalá pronto se encuentren soluciones y a través del diálogo pueda lograrse la pacificación que todos anhelan.

Aunque está claro que volver a esos días tranquilos, sin bloqueos y marchas de protesta, no será fácil.

Es más, para hoy el Comité Cívico de Beni ha convocado a un paro movilizado con la misma demanda por la que ayer pararon los cochabambinos: rechazo al Código del Sistema Penal y respeto a los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016.

Si acaso el conflicto continúa, con el próximo 23 de enero, un día después de la celebración de la creación del Estado Plurinacional de Bolivia, serán dos meses desde que los médicos iniciaron las protestas reclamando la derogación del artículo 205, pedido al que se fueron sumando otros sectores exigiendo la modificación de otros puntos de la norma en cuestión hasta llegar, ahora, a la abrogación de la Ley 1005.