La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, Jacqueline Pozo, dijo el martes que el paro acatado por algunos sectores sociales en Cochabamba, para exigir la abrogación del nuevo Código del Sistema Penal, no tuvo la contundencia deseada porque era político.
"No es un paro como realmente se pretendía, tenemos las imágenes, porque sobre todo es un paro político", dijo a los periodistas, en una evaluación de la jornada.
Por su parte, la asambleísta departamental, Leonilda Zurita, señaló que esa medida de presión no fue contundente porque sólo se instalaron cintas de plástico en varias calles y avenidas de la ciudad de Cochabamba para cortar el tráfico de vehículos y lograr su acatamiento. "Solamente el bloqueo es de cintas", expresó.
Dijo que la muestra de que ese paro tuvo intereses políticos e incluso conspirativos fue la presencia de funcionarios de la Alcaldía de Cochabamba, administrada por el partido de oposición Unidad Demócrata (UD), en varios puntos de bloqueos.
"Nosotros denunciamos, repudiamos, rechazamos las actitudes de la conspiración contra el pueblo, contra el presidente Evo Morales y contra nuestro proceso de cambio", sostuvo.
Agregó que los choferes federados apoyaron esa medida de presión "para dedicarse a jugar fútbol en las calles", y que el sector gremial se sumó porque "recibió amenazas municipales".
El dirigente cocalero, Leonardo Loza, dijo que el paro fue liderado por los actores de la derecha política que busca "rearticularse, desprestigiar y tratar de tumbar al gobierno que tiene a la cabeza al presidente Evo Morales".
Dijo, finalmente, que esa medida de presión era innecesaria porque se dispuso que la aplicación del nuevo Código del Sistema Penal sea suspendida por un año con el fin de mejorarla bajo consenso y de manera democrática

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