Hace dos siglos ya, el prestigioso jurista argentino Juan Bautista Alberdi, manifestaba que muchas veces las codificaciones no pasaban de ser: “el testamento de un abogado o el monumento a la vanidad de un presidente que, no pudiendo perpetuarse por una dinastía, se contentaba con perpetuar su nombre en un código”.

Tales afirmaciones se cumplieron a cabalidad en muchas latitudes, en particular en nuestra Latinoamérica, tierra fértil en despotismos en que las codificaciones podían ser instrumento para otros aviesos propósitos, tal es nuestro caso en el presente: eternizarse en el poder, y valerse de la legislación para criminalizar actos de la vida civil, cercenado derechos inalienables de las personas, y he aquí que, desde hace más de sesenta días, el pueblo boliviano en su conjunto levanta su voz de protesta, exigiendo la abrogatoria de la norma penal que en correlato al desconocimiento del resultado del 21 F y del pronunciamiento del Tribunal Constitucional desconoce la democracia e instituye el totalitarismo.

El Código del Sistema Penal es una verdadera caja de pandora repleta de ilegalidad y de amenazas reales contra la libertad de los ciudadanos que no se enfilan en los propósitos de este Gobierno; es por tal razón la reacción espontánea de la ciudadana que exige, sin mediación alguna, sea partido político o fracción ideológica determinada, que los gobernantes adecuen sus actos a la Constitución y a las leyes. Ante la conciencia colectiva unánime no habrá poder alguno que pueda contener las exigencias populares, de ahí que es un imperativo que se escuche el clamor popular y se revisen de inmediato las conductas y acciones de quienes provocaron tales situaciones. Aún se está a tiempo de evitar el enfrentamiento y el colapso.

En estas circunstancias, es un imperativo mantener la paz social, y para lograr tal objetivo no existe otro camino que el diálogo y la racionalidad. La Iglesia ha solicitado un debate amplio sobre el contenido del mencionado código, debate en el que debe tomarse en cuenta la opinión de todos los sectores sociales que consideran que los articulados del código punitivo ponen en riesgo libertades constitucionales o penalizan indebidamente su accionar. Por su parte, la Universidad Católica de Bolivia, apostando por una solución pacífica del conflicto bajo la premisa fundamental de la abrogatoria de la norma impugnada.

Los sectores más afectados con las disposiciones del código punitivo han demostrado en los hechos y palmariamente su disposición al diálogo y la comprensión, faltando tan solo la decisión gubernamental para encauzar sus actos a las disposiciones constitucionales, renunciando a cualquier intento de perpetuarse en el poder, enmendar las decisiones precipitadas y, fundamentalmente, escuchar la voz del pueblo que unánimemente pide vivir en concordia y paz, pero también en libertad y democracia.

Un mínimo de humanismo y de responsabilidad histórica nos obliga a todos hoy, a desplegar todos los esfuerzos en busca de una solución pacífica a los enfrentamientos en los que nos encontramos, no vale la pena esperar ni un solo día más.