Las movilizaciones iniciadas por los médicos del país contra un artículo específico del Código del Sistema Penal (CSP), en principio fueron objeto de soberana indiferencia de parte de las autoridades del Órgano Ejecutivo, y la protesta se fue prolongando, paralizando los servicios de salud. Después de muchos días, se empezaron a escuchar voces amenazantes de la joven Ministra de Salud, misma que, cual si se tratara de una discusión entre amigas, lejos de buscar el diálogo con la dirigencia médica se enfrascó en descalificaciones y demostraciones soberbias de ejercicio de poder.

Cuando las cosas fueron subiendo de tono, y contra todo cálculo, el paro se mantuvo incluso en las fiestas de fin de año, salió otra voz desafinada y prepotente desde el Órgano Legislativo, para echar gasolina al fuego y exacerbar el conflicto. Fue la presidenta de la Cámara de Diputados, que ostentando su estilo beligerante, con la convicción de que está ahí para hacer méritos ante el jefe del partido, a quien le debe justa gratitud por la oportunidad concedida de salir del anonimato y la intrascendencia personal y profesional, logró que diversos sectores de la población se sumen al movimiento, identificando artículos que les afectan directamente o creen que lo hacen.

Desde una mirada objetiva, debemos señalar que el CSP aprobado tiene aspectos positivos, porque en la primera parte incorpora principios sustantivos y procesales necesarios para garantizar los derechos de víctimas y acusados/as. Además, el enfoque restaurador de la justicia penal que se incorpora, constituye un verdadero avance para superar esa cultura de exigencia de venganza, antes que de justicia y reparación del daño causado que está presente en la sociedad, incluso ante los delitos poco trascendentales.

Sin embargo, como ya lo han hecho notar muchos entendidos en la materia y colectivos ciudadanos, donde se encuentran incoherencias con lo declarado en la primera parte, es en el desarrollo de los tipos penales y la parte procedimental, muchos de los cuales son ostensiblemente contrarios a los principios contenidos en la primera parte, en la CPE, los tratados internacionales y los avances de la jurisprudencia internacional. Está visto que los legisladores del oficialismo no se percataron, o simplemente obedecieron órdenes para aprobar la Ley 1005, pero lo cierto es que, dejando de lado el hilado fino que hacen algunos miembros de la oposición, es necesario que este Código sea abrogado y, sin descartar todo lo positivo que propone, se ingrese en una etapa de revisión honesta y racional para evitar mayor confrontación social.