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  • Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
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Indulto a pedido

Práctica. El indulto debería ser una práctica instituida, de manera que cada año el Gobierno emita el decreto correspondiente, para liberar a aquellos reclusos que reúnen todos los requisitos.<BR>
Indulto a pedido
El hacinamiento en las cárceles del país es un hecho recurrente, que merece la continua atención de las autoridades nacionales. Hace poco, OPINIÓN ingresó al penal de San Sebastián varones en Cochabamba y retrató imágenes que demuestran esa crítica situación.

Constató cómo decenas de reclusos duermen en gélidos y estrechos pasillos. En las noches, viejos cartones son convertidos en improvisados colchones que son instalados en cuanto espacio hallan los reclusos que no han tenido el privilegio ni la fortuna de comprar una pequeña celda.

Este hecho no solo ocurre en las prisiones de Cochabamba, sino en el resto del país, donde la cantidad de reclusos ha sobrepasado la capacidad que tienen las vetustas e incómodas prisiones que se han construido hace años.

Las autoridades departamentales y nacionales conocen de esta cruda realidad, que lamentablemente no es de ahora, sino de hace varios años.

En ese sentido, el indulto de reclusos no debiera realizarse solo cuando los reos lo solicitan o intercede el Defensor del Pueblo en favor de los privados de libertad.

Recientemente, el presidente Evo Morales informó, según la agencia ANF, que analizará el nuevo pedido de indulto que hicieron los privados de libertad a través del Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto.

“Ahora mismo voy a convocar al Defensor del Pueblo para evaluar y analizar su propuesta de indulto. Saludo esta clase de iniciativas y lamento mucho la retardación de justicia, yo diría que hasta hay gente inocente en las cárceles”, dijo el Mandatario, la mañana del martes.

El pasado 27 de diciembre, los delegados de la cárcel de San Pedro de La Paz, una de las más antiguas prisiones que hay en Bolivia, entregaron una carta al Defensor del Pueblo para que mediante su autoridad se haga llegar ese documento de solicitud de nuevo indulto al Jefe de Estado.

La misiva, evidentemente, llegó al Presidente y, por esa razón, dijo que se reunirá lo más pronto posible con Tezanos Pinto para dar curso al pedido.

El indulto debería ser una práctica instituida, de manera que cada año el Gobierno emita el decreto correspondiente para liberar a aquellos privados de libertad que reúnen todos los requisitos para beneficiarse.

Es por demás sabido que hay personas recluidas que son víctimas de la retardación de justicia, que lamentablemente impera en el país y que las autoridades no han podido combatir.

El Gobierno debería hacer una evaluación anual para emitir la norma respectiva del indulto, por supuesto, luego de pedir informes a las autoridades correspondientes y conocer la realidad de cada una de las prisiones y la situación de los más de 17 mil reos que hay en Bolivia.

El último decreto de indulto es el 3030, promulgado por el presidente Evo Morales el 24 de diciembre de 2016 y que está vigente hasta el 20 de enero de este año.

Según informes de la Dirección de Régimen Penitenciario, al menos 450 reclusos se beneficiaron con el indulto de enero a septiembre de 2017. De ese total, unos 150 lograron recuperar su libertad en Cochabamba, el resto en Santa Cruz y La Paz, principalmente.

Llama la atención que un considerable número de beneficiarios fueron mujeres, quienes recobraron su libertad y pudieron volver a reunirse con sus familias, sobre todo con sus hijos.

Si hay algo bueno que destacar es que en el Gobierno de Morales se han promulgado al menos cinco decretos de indulto y amnistía, los cuales han ayudado a disminuir, aunque no como quisiéramos, el hacinamiento.

El primer decreto presidencial promulgado fue el 1445 de 19 de diciembre de 2012; el segundo, el 1723 de 11 de septiembre de 2013: el tercero, el 2131 de 1 de octubre de 2014; el quinto, el 2537 de 1 de julio de 2015 y, finalmente, el 3030 de 24 de diciembre de 2016.