El presidente Evo Morales inauguró el pasado martes una editorial para producir publicaciones estatales en un lugar que perteneció a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés), hasta su expulsión del país bajo la acusación de conspirar. Morales, reflejó EFE, presidió el acto inaugural en El Alto, sin referirse al uso que tuvo el predio antes de ser expropiado por el Estado tras la expulsión en 2013 de la agencia de cooperación, bajo esa acusación que siempre rechazó el Gobierno de Estados Unidos.

El Mandatario centró su intervención en recordar que el Estado tuvo "una gran imprenta" desde mediados de la década de 1990 en el Ministerio de Educación, pero "poco funcionó" y en 2003 desapareció con su privatización. "Aunque tardamos, ahora tenemos nuestra propia imprenta", sentenció sobre un proyecto que se remonta a 2013. Un decreto de ese año autorizó cerca de 11 millones dólares para adquirir la imprenta, aunque hasta septiembre del presente año no recibió el impulso definitivo con otra partida de casi tres millones.

La editorial imprimirá publicaciones de todos los ministerios del Gobierno, ahora encargadas a empresas privadas, y de medios estatales como el diario Cambio, con un ahorro de costes a través "de la mejor tecnología alemana", indicó. La firma alemana Heidelberg Druckmaschinen fue la encargada de instalar la imprenta. "No sé cuanta plata vamos a ahorrar el Estado, pero vamos a socializar la lectura, vamos a universalizar la lectura", aseveró al advertir de que Bolivia no tiene "mucha cultura de leer" comparado con países donde "cada casa tiene una biblioteca". "Es nuestra meta", concluyó, fomentar la lectura como complemento cultural en "un mundo digital".

Ahora bien, en principio celebramos que un bien expropiado por el Estado —por las razones que fuere— pase a ser una entidad cultural. Al menos en teoría, una editorial tendría que serlo. Y eso es lo segundo que deseamos subrayar: qué provechoso sería que, a contracorriente de lo que sospechamos, la reciente estatal no sea solo una imprenta de propaganda, como lo son en parte algunos medios públicos. Lo hemos reiterado muchas veces en este espacio. El actual proceso político se dice una “revolución democrática y cultural”, pero lo paradójico es que tiene muy escasas iniciativas de fomento cultural.

En el área específica de la lectura y la literatura, son loables los programas iniciales de alfabetización, un par de premios nacionales, lo hecho por la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia (BBB), dependiente de la Vicepresidencia; y la Ley del Libro que, con tino, ha eximido del pago de impuestos a las editoriales. Sin embargo, qué lejos andamos de que el país se haya “inundado de libros”, como hace unos años prometió una alta autoridad. La alfabetización no avanzó a programas superiores, los galardones son exiguos, la BBB tiene un presupuesto corto, los precios de los libros no han bajado ostensiblemente como se esperaba y, lo más importante, no existen planes masivos de promoción de la lectura. Y tampoco parece que los vaya a haber, dado que el Gobierno, como en el último caso, tiene la extraña costumbre de nombrar como autoridades de Culturas a ministros y ministras sin experiencia previa de gestión en el área, lo que repercute en la lentitud o inexistencia de avances.

Con algo más de relación con la cultura, desde noviembre se sabe que la exministra de Comunicación Amanda Dávila fue posesionada como gerente Ejecutiva de la Empresa Pública Editorial del Estado. El reto principal de la funcionaria consistirá entonces en coordinar sus labores no tanto con su excartera, como con la de Culturas, a manera de forjar las bases para que, ahora sí, Bolivia tenga un torrente de —buenos— libros que, sobre todo, sean leídos, como lo ha expresado el mismo Presidente.