"Hoy es un gran día para mi familia y para el fujimorismo. Finalmente mi padre (Alberto) está libre", aseguró Keiko Fujimori, en un mensaje que escribió el pasado 24 de diciembre, horas antes de la Nochebuena, en su cuenta en la red social Twitter, luego de conocer que el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), decidió conceder el “indulto humanitario” al exjefe de Estado.

La alegría de la primogénita del exmandatario peruano era muy evidente, así como la sonrisa que tenía el presidente Kuczynski, cuando el 21 de este mes se salvó de ser destituido gracias a los votos de otro de los hijos de Fujimori, Kenji, y de otros congresistas fujimoristas que supuestamente se desmarcaron del partido que dirige Keiko, impulsora de la salida de PPK.

Para varios sectores peruanos, el indulto humanitario que logró el expresidente, después de dos rechazos anteriores (en 2013 y 2016), no es otra cosa que una hábil jugada política de los Fujimori que acorralaron a PPK, y este aceptó el trato para seguir dirigiendo el Estado.

Aunque el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú afirmó, a través de un comunicado, que "se actuó con veracidad y apego a las normas", llama la atención que, tres días después de que Kenji y otros parlamentarios fujimoristas salvaran de la destitución a Kuczynski, este se conmoviera y diera luz verde a un pedido que siempre fue cuestionado por los delitos que Fujimori cometió durante sus años de Gobierno (1990-2000).

Hay que recordar que en 2009 la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú condenó a Fujimori a 25 años de prisión por ser autor mediato de homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia, según el portal RPP Noticias.

El mismo medio recuerda que el tribunal estableció que, luego del autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos asumieron el control total de la Policía Nacional de Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas. "¿Está probado que el acusado Alberto Fujimori, como jefe supremo de las FFAA y la PNP, ejerció potestades político militares y potestades militares efectivas, evidenciando mando y comando máximo sobre las fuerzas del orden, tanto a nivel político estratégico, como táctico y operativo? Sí lo está", dice la sentencia.

Pese a estos delitos y sin medir lo que se vendría después, el actual Mandatario peruano aceptó otorgar el polémico indulto humanitario.

Es lamentable que PPK no haya pensado ni siquiera en la reacción que podía haber causado en parientes de los asesinados y desaparecidos durante el mandato de Fujimori, que ya pidieron “anular el indulto al expresidente por considerarlo ilegal, lleno de irregularidades, y con carácter político”, pues existe la sospecha de ser parte de un pacto con el actual presidente, según la agencia EFE.

Tampoco midió la reacción de gente de su entorno que, como el ministro de Cultura, Salvador del Solar, renunció al cargo tras las innumerables protestas que se registraron en calles peruanas.

Así como del Solar, también renunciaron los legisladores Alberto de Belaunde y Vicente Zeballos a la bancada oficialista de Peruanos por el Kambio. Asimismo, decidieron alejarse el director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Roger Rodríguez; y el secretario técnico de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel sobre Paz, Reparación y Reconciliación (CMAN), Daniel Sánchez, entre otros.

Es lamentable que PPK no haya previsto estos efectos, aparentemente para seguir controlando el poder. Aunque no se sabe qué vaya a suceder hoy, el costo político que tendrá que pagar seguramente será alto.