En el año de 1982, la Asamblea Constituyente de Honduras aprobó una nueva Carta Magna en la que se prohibía la reelección presidencial de manera terminante e inconmovible. Ni por medio de una reforma constitucional, ni aún por un plebiscito podía cambiarse el artículo que impedía a un Presidente de la república continuar en el mando. Esta prohibición entraba entre las disposiciones llamadas “pétreas”, escritas en piedra. Y el Código Penal pasó a considerar el solo intento de promover la reelección como un delito de traición a la patria.

La extrema previsión de los legisladores provenía de la propia historia del país, plagada de dictaduras militares, elecciones fraudulentas, y presidentes ambiciosos de quedarse sentados en la silla presidencial largo tiempo, o para siempre, lo que significa también apoderarse de las instituciones, someterlas, y corromperlas.

En junio de 2009, el presidente Manuel Zelaya, del partido Liberal, promovió la celebración de una consulta popular a través de lo que llamó una “cuarta urna” en busca de abrir la vía para llamar a una nueva Asamblea Constituyente, y fue acusado de querer eliminar el artículo pétreo que le prohibía reelegirse. Como remate de la grave crisis que se desató, el Ejército, con el respaldo de la Asamblea Nacional en manos de sus adversarios conservadores del Partido Nacional, lo derrocó. Como si otra vez estuviéramos viendo la misma vieja película, Zelaya fue sacado en pijama de su cama a medianoche, metido en un avión, y expulsado a Costa Rica.

En 2014, fue juramentado como presidente Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, y al año siguiente un grupo de diputados suyos recurrió ante la Corte Suprema de Justicia para que las disposiciones escritas en piedra que prohibían la reelección fueran derogadas. El solo hecho de formular la petición ya facultaba a las mismas autoridades judiciales para procesarlos, con la consecuencia de ser cesados de sus cargos e inhabilitados políticamente, perdiendo aún la ciudadanía, “por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del Presidente de la República”, según la letra de la misma Constitución.

La Corte Suprema, dominada por magistrados del Partido Nacional, por el contrario, fue en todo complaciente con el recurso. Lo admitió, y dio la razón a quienes lo interpusieron. Y así sentenció que las disposiciones constitucionales que prohibían la reelección presidencial ¡eran inconstitucionales!, abriendo el camino al presidente Hernández para presentarse de nuevo como candidato.

Estas son las raíces del drama que hoy está viviendo Honduras tras las elecciones del 26 de noviembre de este año, cuando un cuestionado Tribunal Supremo Electoral se ha visto impedido de poder declarar a un ganador frente a una votación estrechamente dividida entre el propio presidente Hernández, convertido en candidato gracias a una sentencia espuria, y el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, el presentador de televisión Salvador Nasralla, respaldado por el expresidente depuesto Manuel Zelaya.

El conteo inicial que favorecía a Nasralla cambió abruptamente tras interrupciones intermitentes del sistema electrónico. Cuando el sistema se restableció, Nasralla pasó de ganador a perdedor. Todo un acto de prestidigitación digital (...).

(Tomado de elfaro.net)