Poco antes de unas celebraciones de fin de año, la población boliviana fue sorprendida el 20 de diciembre de 1996, durante la primera presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada (del Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR), con la noticia de la intervención policial y del Ejército en los centros mineros de Amayapampa y Capacirca, en la provincia Bustillo, al norte de Potosí. Allí, a 45 kilómetros de la ciudad de Oruro, un día antes se produjo el enfrentamiento entre trabajadores mineros y las fuerzas del orden, con el desenlace fatal de 10 muertos y 19 heridos. El hecho fue denominado Masacre de Navidad, por su proximidad a dicha fiesta, y quedó impune hasta nuestros días.

Las causas de este suceso se suscitaron cuando los obreros se anoticiaron de la venta de dichas minas de extracción aurífera, de propiedad de la compañía Vista Gold Corporation (Estados Unidos-Canadá), a la firma canadiense Da Capo Resources. En el intento de evitar este traspaso, los trabajadores ocuparon las instalaciones mineras, procurando adjudicárselas en propiedad, con fondos de sus beneficios sociales y el pago de regalías devengadas por los últimos propietarios.

El enfrentamiento fue informado por OPINIÓN, en su edición del 20 de diciembre de 1996, con el titular: “Cuatro muertos y 19 heridos en ‘retoma’ de Amayapampa”, de acuerdo al parte inicial de víctimas. Se dieron a conocer los antecedentes del caso y las reacciones de organizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB), que instruyó una huelga general e indefinida en las minas de la región, y el bloqueo de caminos, además de convocar a marchas en todo el territorio nacional.

Las voces de los habitantes de la zona, especialmente de las poblaciones cercanas de Llallagua y Uncía, difundidas por la radio Pío XII, manifestaron su luto y protesta a las autoridades. La Cámara de Diputados comisionó a Juan del Granado y Sergio Medinaceli para recibir información directa, no del Ejecutivo. El Gobierno, en su defensa, denunció la supuesta intromisión de dirigentes sindicales de afiliación trotskista en las minas, que fomentaban la anarquía sindical con falsa información que propalaban sobre el despido de los trabajadores.

La administración del MNR, que se encontraba a pocos meses de culminar su gestión, invitó a una delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA), para que investigue las violaciones a los derechos humanos. Los representantes de tal institución llegaron al país recién en mayo de 1997. Recogieron testimonios de los familiares de las víctimas y de otros protagonistas de los sucesos, y adelantaron conclusiones para el mes de julio.

Los resultados de la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, presidida por John Donaldson, fueron expuestos en agosto del señalado año, prácticamente al filo de la trasmisión de mando a la nueva gestión presidencial. El informe sostuvo que hubo un desproporcionado uso de la fuerza pública del Estado como desencadenante de la Masacre de Navidad, aunque no halló responsabilidades concretas.

Así se cerraría “oficialmente” el caso Amayapampa - Capacirca. No obstante, las repercusiones sociales continuaron posteriormente en varias entidades que lucharon contra la impunidad. Una de ellas fue la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB). Su representante de la época, Waldo Albarracín, y el sacerdote Federico Aguiló demandaron una investigación posterior que determine sanciones penales para los responsables de los asesinatos. Solicitaron, sin éxito, que los comandantes de la Policía y del Ejército den a conocer las listas de los agentes que dispararon contra civiles, así como que precisen quiénes dieron la orden, en el luctuoso hecho que conmovió al país.