El hecho de que algunas farmacias en la sede de Gobierno y una en Cochabamba hayan suspendido la venta de medicamentos, así sea por unas horas, es extremadamente preocupante y hasta peligroso para quienes necesitan con urgencia un determinado fármaco.

No es posible que algunos bioquímicos hayan asumido esa decisión, que creemos es extrema y atentatoria contra la salud de los bolivianos.

Aunque fueron pocos los que determinaron suspender sus servicios en apoyo a los médicos del país, no pensamos que haya sido la acción más correcta.

Es lamentable que sea el pueblo el que tenga que sufrir por las extremas medidas de presión que se han venido realizando para doblar el brazo del Gobierno, al que aparentemente tampoco le conmueve la falta de atención en los servicios de salud, tanto del sector público como privado.

Es comprensible que los farmacéuticos apoyen a los médicos que rechazan el polémico artículo 205 del nuevo Código del Sistema Penal, referido a la mala praxis, además de la creación de la Autoridad de Fiscalización y Control de Salud. Sin embargo, insistimos, el cierre de farmacias es altamente peligroso.

Las farmacias son imprescindibles, porque es ahí donde acuden todos cuando tienen una dolencia. Lo hace hasta el más pobre que carece de recursos para acceder a una consulta médica.

Nunca antes se había visto esta situación o se había llegado al extremo de que algunas farmacias dejen de comercializar los medicamentos.

Es momento de que las partes en conflicto, médicos y Gobierno, reflexionen y encuentren una salida definitiva al problema que comenzó el mes pasado.

Se calcula, según datos del Ministerio de Salud, que más de 800 mil personas dejaron de ser atendidas en los hospitales y centros de salud, y al menos 10 mil cirugías fueron suspendidas en todo el país en los 27 días de paro médico.

Aplaudimos la intervención de la Iglesia católica que, la tarde de ayer, se reunió con dirigentes de los galenos, a quienes llamó a declarar una pausa en su huelga por las fiestas de fin de año.

El religioso Ricardo Centellas dijo que “es una necesidad apremiante" dar una solución al conflicto.

En todo este tiempo, la Iglesia expresó, una y otra vez, su preocupación por la falta de atención en hospitales y centros de salud, pero a la vez observó la radical posición del Gobierno de aprobar, a través de sus diputados y senadores en la Asamblea Legislativa, el polémico Código de Sistema Penal, en el que también se contempla varias causales para el aborto, situación que ha sido duramente cuestionada por la Conferencia Episcopal de Bolivia y varias iglesias evangélicas, que incluso protagonizaron marchas.

En ningún momento se debió llegar a esta situación extrema, de hasta privar, en algunos casos, el acceso a los medicamentos.

La promulgación del Código de Sistema Penal, casi acelerada, por el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, realizada el pasado viernes, molestó mucho a los galenos y a sectores afines, que en respuesta no solo masificaron los piquetes de huelga de hambre, sino que algunos médicos decidieron renunciar a su cargo, mientras que otros salieron a las calles para bloquear y protestar.

En todo este conflicto, la población fue y es la más perjudicada, como si fuera culpable de lo que hace el Gobierno o de las leyes que elaboran los legisladores.

¿Hasta cuándo tiene que ser el pueblo el que tenga que pagar culpas ajenas? Ante esta pregunta parece no existir respuesta, porque en cualquier lío, sea con el Gobierno nacional, departamental o local, la mayor perjudicada siempre ha sido y será la población.

Es una pena que las personas que nada tienen que ver con el conflicto tengan que vivir en la incertidumbre, sin saber si hoy o mañana pondrán acceder a un hospital o podrán comprar un medicamento para sus dolencias.