Las autoridades estadounidenses investigan denuncias de corrupción sobre la adjudicación de los Juegos Olímpicos de 2016 a Brasil, según publicó ayer el periódico The Wall Street Journal.

La investigación es liderada por la oficina del FBI en Nueva York junto a la oficina del fiscal federal de ese distrito.

Este caso se suma al que ya está en curso desde hace meses en Brasil, donde en octubre fue detenido el presidente del Comité Olímpico, Carlos Arthur Nuzman, por su presunta participación en una operación de compra de jurados para la elección de Río de Janeiro.

Un mes antes de su detención, la fiscalía brasileña anunció que estaba investigando Nuzman por la presunta compra de votos y que había solicitado la colaboración de la justicia de Antigua y Barbuda, Francia, Estados Unidos y Reino Unido.

Los Juegos se usaron “como un trampolín para actos de corrupción de dimensión olímpica y hay fuertes indicios de que Nuzman tuvo participación directa en la compra de votos para miembros del COI”, según dijo entonces la fiscalía brasileña.

Un gran jurado federal de Brooklyn, donde tiene su sede la fiscalía federal del distrito este de Nueva York, ya está buscando testimonios y documentos en conexión con la investigación, según el Journal.

Otra de las personas investigadas por el caso es el empresario brasileño Arthur Soares, quien tiene fijada su residencia en Key Biscayne (Florida) y ya fue interrogado por las autoridades a petición de Brasil.

La fiscalía brasileña ya pidió la detención de Soares con fines de extradición, pero de momento la respuesta del Departamento de Justicia es que la petición no ofrece información suficiente sobre las denuncias que pesan contra el empresario, según el matutino Journal.

La investigación en Brasil también está relacionada con presuntos casos de corrupción en la adjudicación de algunos de los proyectos de infraestructura relacionados con los Juegos Olímpicos, incluidos algunos relacionados con Soares.

Según la Justicia brasileña, al menos seis personas participaron en una operación por la que se pagó un soborno de 2 millones de dólares para garantizar al menos uno de los votos que permitió a Río de Janeiro ser elegida en 2009 sede de los Juegos Olímpicos.