Si acceder al servicio de salud cuando no existe un conflicto de por medio de por sí es complicado, con protestas y un paro radical de los médicos, lo es mucho más. La semana pasada se vieron escenas conmovedoras de enfermos buscando ser atendidos en los hospitales públicos y privados, mientras los galenos y enfermeras bloqueaban calles y aseguraban que no volverían a sus consultorios en tanto el Gobierno no abrogue el Decreto Supremo 3385 que crea la Autoridad de Control y Fiscalización del Sistema de Salud, además de la modificación del polémico artículo 205 del proyecto del Código del Sistema Penal, referido a la mala práctica de la profesión.

La protesta de los médicos del país llegó al extremo de suspender sus servicios incluso en los hospitales y centros privados, dejando a miles de pacientes sin el servicio, pese a la urgencia que tenían muchos de ellos.

Las demandas de los galenos son ciertamente justas, no por nada la mayoría que ejerce esa profesión en el país decidió unirse y protestar contra el Gobierno de Evo Morales.

Sin embargo, los más perjudicados, sin tener culpa alguna, fueron los pacientes que se vieron obligados a resignarse hasta que el conflicto médico-Gobierno sea resuelto.

¿Acaso no habrá otra manera de hacer que el Gobierno escuche las demandas de este sector? ¿Por qué los pacientes tienen que ser los más perjudicados? ¿La salud acaso no es prioritaria y los médicos no saben que con ella no se juega porque está en riesgo una vida?

No estamos en contra de los médicos, es más, respaldamos sus demandas porque las consideramos justas, pero no creemos que sea correcto que los usuarios de sus servicios sean los castigados.

Lamentablemente, por cualquier medida que toman los sectores, sea de la Central Obrera Boliviana, el transporte, comercio, cocaleros y otros, el pueblo es el más perjudicado, pese a que no es culpable de las causas por las que se protesta.

Hay quienes dirán que es la única forma de que sean escuchados. Lamentablemente es una verdad, porque actuamos o negociamos solo cuando se dan medidas radicales que ponen en peligro, en este caso, la vida de los enfermos.

Es una pena que el Gobierno tenga que esperar a que las medidas sean radicales y se extiendan hasta más de medio mes para sentarse a dialogar y hacer propuestas que permitan suspender las protestas.

El Ejecutivo dirá también que en el caso de la demanda de los médicos hubo apertura al diálogo. Sí, es cierto, la hubo. Sin embargo, también hubo ruptura y desencuentros, que lo único que hicieron fue agravar el conflicto y hacer que los galenos que realizan consulta privada también suspendan sus servicios, dejando prácticamente a la gente sin médico que atienda.

En este lío específico, no debió existir aquello, sino una amplia apertura para dialogar sin medir la hora ni los días.

El Gobierno debió agotar todas las instancias para atender las demandas de los galenos y ellos abrirse a la posibilidad de encontrar puntos intermedios. El conflicto médico comenzó el pasado 23 de noviembre en rechazo al funcionamiento de la Autoridad de Fiscalización y Control de Salud y al artículo 205 del proyecto de Código de Sistema Penal que señala: “La persona que en el ejercicio de su profesión... cause daño a la salud o integridad física de otra persona por infracción a un deber objetivo de cuidado por imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de los protocolos, reglamentos o deberes inherentes al ejercicio de su profesión, oficio o actividad, será sancionada con reparación económica y cumplimiento de instrucciones judiciales”.

Asimismo, señala que si a consecuencia de una acción culposa se causa lesiones graves o gravísimas, la sanción será de dos a cuatro años de prisión y deberá haber una reparación económica.