Toda sociedad que ha avanzado en el desarrollo de la cohesión social y se ha dotado de instituciones y normas orientadas a la satisfacción de las necesidades de sus habitantes, el mantenimiento del orden y la seguridad previamente acordados mediante procedimientos democráticos diversos de consulta y participación; es una sociedad que se hace conocer como democrática, en la que gobernantes y gobernados respetan las leyes y comparten la preocupación por alcanzar el bien común.

Los Estados democráticos, al menos los que aspiran a ser conocidos como tales, cuentan con poderes u órganos con atribuciones y funciones claramente delimitadas; así el Poder Legislativo u Órgano, como se los conoce en Bolivia, cumple las importantes funciones de legislar por iniciativa propia, de sus ciudadanos o de los otros poderes, teniendo como guía la Constitución Política del Estado y los convenios internacionales de derechos humanos. Así mismo, las tareas de fiscalización asignadas a este poder del Estado contribuyen al manejo transparente de la cosa pública y el correcto funcionamiento de las instituciones, generando confianza en la administración gubernamental de parte de la ciudadanía. Por su parte, el Poder Ejecutivo tiene como responsabilidad la ejecución de planes, políticas y presupuestos; es el que de manera directa, en el día a día, interactúa con las y los habitantes del Estado, razón por la que la necesidad de reconocimiento y respeto a sus componentes es mayor, pues el orden y la cohesión de la sociedad dependen de qué tanta coherencia demuestran en el cumplimiento de las leyes, sus promesas electorales y el respeto a las instituciones legalmente constituidas y a los derechos de sus habitantes. Finalmente, está el Poder Judicial, cuya función es resolver los conflictos que surgen de las relaciones entre las personas, sean naturales o jurídicas, o de ellas con el Estado y de ser estricto vigilante de que todas las normas jurídicas aprobadas por los otros poderes o las entidades autónomas o descentralizadas tengan estricta correspondencia con los valores y principios de la Constitución Política del Estado.

El funcionamiento eficaz, eficiente e independiente de cada uno de estos poderes, así como de su capacidad de coordinación entre ellos, determinará la adhesión y consecuente fortalecimiento de la democracia y el respeto al gobierno en ejercicio, porque el respeto se lo gana con acciones positivas, con coherencia entre lo que se dice y se hace y, sobre todo, con el ejemplo de manejo honesto y transparente de la cosa pública. Las amenazas, la represión, la distorsión permanente de los hechos y el mal ejemplo de los gobernantes pueden causar mucho miedo, pero respeto, ninguno. La elección la tienen ellos.