El pasado 15 de noviembre ha concluido el mandato de quienes el año 2015 asumimos la responsabilidad de impulsar una nueva fase en la vida institucional del Tribunal Nacional de Ética Periodística (TNEP). En unas semanas tomará la posta un nuevo equipo de profesionales conforme a las definiciones que adopten las organizaciones miembros del Consejo Nacional de Ética Periodística, instancia comprometida con la promoción de los principios de la autorregulación y los valores inherentes al ejercicio ético y responsable de este oficio.

Cabe agradecer la oportunidad y confianza depositada en un grupo de colegas cuya calidad humana, profesional y ecuanimidad ha sido reconocida. Pero, ante todo, es momento de constatar que ni profesionales periodistas ni los ciudadanos conocen la función de la autorregulación como precepto constitucional estrechamente vinculado a garantizar derechos humanos fundamentales como el acceso a la información y la libertad de expresión.

En este contexto de desinformación, no extraña que el fantasma de la “ley mordaza” restrictiva de estos derechos reaparezca de tanto en tanto. Hace unos días, no fue casual que saliera a la luz una iniciativa legislativa orientada a penalizar a propietarios de medios y a periodistas por no proporcionar información “responsable”. Se intentaba levantar la confidencialidad de la fuente informativa y se ignoraba olímpicamente la plena vigencia de la Ley de Imprenta y la existencia de mecanismos autorregulatorios, lamentablemente subutilizados. El Código de Ética vigente en el país y su respectivo reglamento para canalizar denuncias tienen por objeto el prevenir y reparar el daño eventualmente producido por faltas y omisiones a la hora de procesar la información periodística. Por fortuna, esa propuesta legislativa fue archivada por la misma bancada oficialista luego de haber sido denunciada a viva voz por las organizaciones de la prensa nacional.

Preocupa el clima de desconfianza y confrontación entre actores políticos y de audiencias y lectores alineados en una suerte de campo de disputa sobre quién miente y dice la verdad; mismo que induce a la autocensura y no favorece el desarrollo de una cultura que honre el ejercicio ético y responsable de la información.

No hay duda, nuestro paso por esta máxima instancia autorregulatoria nos compromete a proseguir en la línea trazada por quienes sostienen que el buen periodismo, incluso de aquel que se asume militante, se sostiene en el pluralismo democrático, alejado de dogmas y de toda pulsión autoritaria.