La ministra de Salud Ariana Campero aseguró este viernes que es un hecho que el gobierno fijará y controlará el costo de la atención médica en el sector privado y observará su cumplimiento a través de la Autoridad de Fiscalización, tal como se estipula en el Decreto Supremo 3385, que es uno de los motivos del paro médico que afecta a cerca de 3.000 pacientes a nivel nacional.
Dijo que los mismos médicos estuvieron de acuerdo con este nivel de fiscalización, pero resulta que de un día para el otro, los médicos "borran con el codo lo que firmaron con la mano" y ahora no quieren la fiscalización al sector privado.
"Es un hecho porque en el DS 3385, pueden buscarlo en la Gaceta Oficial, indica que la Autoridad controlará y fiscalizará el cumplimiento de los aranceles establecidos por la autoridad competente y ¿quién es la autoridad competente de establecer? El Ministerio de Salud", manifestó.
Lamentó que en años anteriores por presiones y amenazas de paro, siempre el Colegio Médico establecía los aranceles, pero ahora es el Ministerio que tiene la voluntad de hacerlo y que los médicos sean parte de la construcción de nuevo decreto, pero manteniendo el principio de unidad del sistema de salud.
"Nuestra intención no es hacer quebrar a ningún privado, tienen el derecho constitucional de trabajar en el sector privado, pero también un derecho constitucional y fundamental es el derecho a la salud", declaró.
Afirmó que Autoridad de Fiscalización existe en Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Perú y otros países, porque han verificado el tráfico de pacientes del público al privado, es decir no es una realidad solo de Bolivia.
Campero manifestó que el ex INASES funcionó durante más de década con la misión de fiscalizar la seguridad social, pero no tenía resultados porque era una autoridad sin cabeza, sin manos y porque la norma no le permitía fiscalizar.
"Exhorto a la bases a dudar de su propia dirigencia, lean el decreto y las leyes, no crean todo lo que les diga la dirigencia, porque ni el decreto ni el Código de Sistemas Penales criminaliza el acto médico", dijo al ratificar la decisión del gobierno de ejercer control a los aranceles médicos en el sector privado.
La ministra sostuvo que hay 3.000 pacientes por día que son afectados por el paro médico y ratificó su convocatoria a reanudar el diálogo, aunque no fijó fecha alguna para sentarse a dialogar y resolver el conflicto.