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  • Diario Digital | viernes, 29 de marzo de 2024
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La muy difícil misión de los elegidos

La muy difícil misión de los elegidos
Esta es una constatación que venimos haciendo desde hace tiempo: la muy deficiente administración de justicia en Bolivia fue, desde la creación de la República, un mal endémico. Casos de retardación de hasta 25 años, cárceles llenas de presos sin sentencia y operadores corruptos hicieron que el Poder Judicial ocupe los lugares más bajos en cuanto a credibilidad ciudadana.

El anterior intento de cambio del sistema se efectuó el 16 de octubre de 2011 cuando, en cumplimiento de la nueva Constitución Política del Estado promulgada dos años antes, se llamó —de modo inédito en el país y la región— a elecciones para por voto popular constituir los más altos cargos. Tal metodología, como lo admitió sucesivas veces el mismo oficialismo y como reclamaron los líderes opositores, fracasó.

El Ejecutivo fue admitiendo sus culpas de a poco, hasta llegar a la contundencia. En abril del 2014, un molesto presidente Evo Morales manifestó: “En vano incorporamos poncho y pollera en la justicia”. Protestaba porque la retardación judicial y la corrupción son el “cáncer” de la justicia boliviana, y porque poner “poncho y pollera no cambió nada” la situación. Similares expresiones fueron vertidas posteriormente por casi todas las autoridades del Gobierno. Pese a lo anterior, y a que el sentido común dicta que para lograr resultados diferentes hay que hacer las cosas de modo diferente, este año se insistió en el mismo mecanismo. Así, restando el cómputo final y oficial de la votación, la noche de ayer se verificó lo que muchos presagiaban: una buena parte de los votos fueron nulos, muy probablemente, más que en los anteriores comicios.

Aunque, para ser justos, habrá que decir que tampoco el oficialismo hizo exactamente lo mismo. Varios prestigiosos expertos en leyes, la mayoría lejos de toda sospecha de simpatía con el MAS, señalaron en diferentes foros que en esta ocasión la selección de postulantes gozó de transparencia y que, en verdad e incluso con el apoyo de legisladores de la oposición, entre los postulantes a magistrados existieron meritorios profesionales de notable trayectoria, a quienes hubiese sido bueno respaldar. A más de eso, hasta representantes de la misma Organización de Estados Americanos (cuyo secretario general, Luis Almagro, está en las antípodas ideológicas de Evo Morales) reconocieron avances en cuanto a los esfuerzos del Tribunal Supremo Electoral para la difusión de los candidatos y sus propuestas, así como para facilitar la comprensión de lo que se elegía.

Nada de esto sirvió. Y para ello de seguro mucho contribuyó precisamente un fallo judicial, el del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que, de modo incomprensible, a unos días del proceso, decidió avalar la repostulación continua del Presidente y otras autoridades. Esto cimentó el llamado al voto nulo que ya habían hecho semanas antes los líderes de la oposición. Y ahí están los resultados.

Con todo, es de suponer que, aun con el muy bajo respaldo obtenido el domingo por quienes “ganaron” las elecciones, se procederá igualmente a su próxima posesión. Tampoco, a pesar de la ilegitimidad, puede suceder lo contrario, pues las leyes y entre ellas la propia Carta Magna —ay, qué difícil es hablar de su cumplimiento estos días— así lo disponen.

En ese contexto, no queda más que esperar que los nuevos funcionarios estén a la altura de los desafíos que, así sean pocos ciudadanos, les han planteado. El primero, indudablemente, tiene que ver con garantizar la independencia del Órgano Judicial. Este no puede seguirse viendo como un apéndice del Ejecutivo. De otra manera, la legitimidad no será recuperada nunca. Lo segundo es la modernización de un sistema judicial que por múltiples factores es ahora mismo uno de los peores del planeta. Jueces probos, autoridades que desburocraticen y agilicen la atención al público es lo que los bolivianos pedimos a gritos. Es, ciertamente, una misión difícil.