El fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que habilita al Presidente, y otras autoridades para candidatear en elecciones sin límite de periodos, implica también múltiples desafíos para la oposición. Conocida la determinación, sus principales líderes acusaron al TCP de haber consumado un "golpe a la democracia" y de desconocer los resultados del referendo de 2016. El líder de Unidad Nacional (UN), el empresario Samuel Doria Medina, calificó de "ilegítima" la decisión, y lamentó que "es la primera vez que un Gobierno democrático desconoce el voto del pueblo". El expresidente Jorge Tuto Quiroga dijo que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos "no va a permitir que el artículo 23 de la convención que protege a los ciudadanos de los abusivos y autoritarios sea usado por uno de estos abusivos y autoritarios para buscar quedarse en el poder". El también exmandatario Carlos Mesa escribió en Twitter que el Constitucional "ha destruido las garantías democráticas" y desconoció "la inalienable soberanía del pueblo".

En un comunicado conjunto difundido ayer, las exautoridades y una en funciones (Rubén Costas) abundaron en su rechazo al dictamen y, si bien expresaron su compromiso “de construir una alternativa de esperanza y unidad, para ofrecerle a Bolivia un horizonte democrático plural, alejado del autoritarismo y la corrupción”, como única propuesta de acción ratificaron su pedido de voto nulo en las elecciones judiciales. Entendemos las razones de esa solicitud, aunque ciertamente no dejamos de preguntarnos sobre su utilidad. Tal como adelantan sondeos y tras verificar que la población asistirá a las urnas sin toda la información debida, lo previsible es que la noche de este 3 de diciembre quienes hayan anulado su papeleta sean mayoría. Al día siguiente, ¿habrá cambiado en algo el sistema judicial que critican los mismos opositores? ¿Con el voto nulo no se profundizará aún más la crisis de ese Órgano del Estado?

A más de eso, resta esperar que este lunes no vuelvan a surgir las pugnas por quién capitalizará el resultado de la votación. ¿Tendrá alguno de los líderes la intención de celebrar como propia una victoria en realidad colectiva? No nos sorprendería que así sea, como tampoco sorprende que, en 11 años de Gobierno de Evo Morales, no se haya concretado la señalada “alternativa de unidad”.

Y es que, fuera de la razonable y justa protesta por un fallo que no debió ser, queda claro que una de las razones por las que se crítica la repostulación de Morales es la casi certeza de que el candidato oficialista tiene mayores posibilidades de triunfo frente a cualquier opositor que sea presidenciable sin el respaldo de los demás. Mucho —y también con razón— se lamentan los afanes prorroguitas del Mandatario. Pero basta estudiar la trayectoria de los opositores para verificar que todos ellos han estado o están varios años en la administración pública, a la vez que alguno ha sido continuo postulante a la silla. ¿No convendría comenzar a evaluar ya no la obvia unidad, sino una en torno a una nueva figura que, por ello mismo, sea capaz de anular las mezquinas pretensiones individuales?

Pero, sobre todo, en una lógica coherente con la crítica al caudillismo sin proyecto, el sentido común dicta que, muy especialmente, la indicada “alternativa” debe ser, más que una plataforma política partidaria, un proyecto de país. Y esto no debería revestir mayor dificultad pues, matices más o menos, los opositores comparten una visión económica, social y política. ¿O insistirá cada uno en diferenciarse?

Los resultados del 21F y los probables cómputos del domingo hacen suponer que, en la ahora vigente segunda vuelta, es posible sacar al MAS del poder. Las condiciones son unidad y proyecto. ¿Serán posibles?