El hecho de tener que viajar entre 10 y 12 horas para hacer una denuncia por violencia es solo una de las barreras con las que se topan las mujeres indígenas del país en su intento de aplicar la normativa vigente y frenar los hechos de los que son víctimas.

Un total de 35 mujeres líderes de tierras bajas y altas de Bolivia debaten estos temas, en torno a la aplicación de la Ley 348 Integral para garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, en un encuentro que concluye hoy en Cochabamba.

La representante del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) Viviana Lima, y la de tierras bajas Zoila Monasterios enfatizaron la necesidad de conocer y no permitir la violencia física, psicológica, económica ni otra.

La representante del Fondo de Población de Las Naciones Unidas (UNFPA) Alejandra Alzérreca informó que en el trabajo de las líderes se identificó que entre los problemas está la falta de Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), defensorías, jueces y fiscales en las áreas rurales.

Eso deriva en otra dificultad, la necesidad de tener que trasladarse a un lugar dónde si existan estos servicios. “Hay una barrera geográfica”.

Una tercera barrera se presenta incluso cuando las mujeres logran llegar hasta esos puntos, “la discriminación por el idioma”, porque no todos los funcionarios dominan otro idioma que no sea el castellano.

La situación, sumada a la falta de recursos económicos, da lugar a un cuarto tema, el desistir de la denuncia o retirarla.

Entonces hay un quinto aspecto. Al no hallar respuesta, estas mujeres podrían acudir a sus autoridades indígenas. Pero, la Ley del Deslinde Jurisdiccional también les limita en ciertas acciones.

“Entonces, ellas están en el limbo”.

Lima reconoció que existen debilidades entre las mujeres de los pueblos. Exhortó a sus compañeras a activar instancias de socialización, “porque todavía hay marginación y es necesario informarse”.

Acotó que este tipo de encuentros también deben promoverse para los hombres.

La representante de tierras bajas ponderó que el taller se convirtió en un espacio de “diálogo, protesta y acuerdo” para encaminar y aplicar los propósitos de la norma en contra de la violencia.

Se prevé que del evento emerja un documento con propuestas de políticas públicas que garanticen el cumplimiento de la normativa. Una comisión hará llegar el planteamiento a las autoridades del Estado, sus mismas organizaciones e instituciones internacionales.

A gobernantes

Prevén emitir un documento que debe llegar a manos de los gobernantes y representantes de organizaciones.