Tres semanas han pasado de las elecciones legislativas que dieron la victoria al oficialismo de Argentina, tiempo en el que algunos de los puntales de los gobiernos kirchneristas han acabado entre rejas por causas que acumularon años en la Justicia y que ahora se han activado con inédita rapidez.

Amado Boudou, quien fue vicepresidente en el último periodo presidencial de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015), y Julio De Vido, el todopoderoso ministro del área energética y de obras públicas de todo el periodo kirchnerista (2003-2015), hoy opositores, están en prisión por acusaciones de corrupción. Las órdenes judiciales para impulsar las prisiones preventivas de ambos, así como la del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión Roberto Baratta -detenido días antes de los comicios-, responden al peligro del entorpecimiento de las investigaciones.

"Recién ahora estamos viendo tres detenidos, pero es probable que haya muchos más", dijo a Efe el exmiembro del Consejo de la Magistratura de Argentina Alejandro Fargosi, al polemizar sobre una posible futura detención de la expresidenta. Se trata de expedientes que durante años no tuvieron cambios y que, según la Oficina Anticorrupción, suelen extenderse por más de una década.

El hecho que genera un quiebre en este periplo de arrestos de exfuncionarios kirchneristas fue el triunfo electoral del gobernante frente Cambiemos en la mayor parte del país y en la importante provincia de Buenos Aires sobre Fernández, que logró un escaño de senadora, pero quedó en segundo lugar en número de votos, por detrás del oficialismo.

El 25 de octubre, tres días después de los comicios, Julio De Vido, uno de los hombres más fuertes del kirchnerismo fue detenido tras sortear varios pedidos de arresto en 2017. El diputado y exministro fue despojado de su inmunidad como legislador tras una votación parlamentaria a petición de dos jueces. De Vido ha sido implicado en casos por corrupción que van desde millonarios fraudes en un proyecto minero que nunca se llevó a cabo, pago de sobreprecios en la compra de gas licuado e irregularidades en la concesión de obra pública hasta otros tan sensibles como un accidente de tren que dejó 50 muertos en 2012 en Buenos Aires, en el que se le acusa de defraudación a la administración pública. Nueve días más tarde, Boudou fue sorprendido en su departamento, en pijama, descalzo y despeinado, y las fuerzas de seguridad lo detuvieron por orden judicial porque el exfuncionario, también afectado por multitud de expedientes, mostró incongruencias entre su patrimonio y su declaración jurada durante sus funciones en el Estado. Llevaba cinco años investigado por enriquecimiento ilícito y en todo este tiempo ni siquiera había sido citado a declarar.

"Lo asombroso no es que estén detenidos, sino todo lo que tardó la Justicia en hacerlo", señaló Fargosi a pesar de que los casos por corrupción en cuestión aún están por debajo del promedio de duración de entre 10 y 14 años. Boudou, De Vido y Baratta pasan sus días tras las rejas por causas en las que siempre se ha sospechado de su culpabilidad, pero la Justicia aún no determina si son responsables, razón por la que estos procesos son cuestionados y hasta calificados de "persecución política". De esta manera, Argentina abrió un debate sobre si se politizó la Justicia o si se judicializó la política. En esta disputa ideológica, Fargosi opinó que "es inadmisible que existan jueces con piel política porque deberían actuar según lo que indican los expedientes" (...).

(Tomado de la agencia EFE)