Sentencia sobre Playón Marquina llega a fiesta
09 de noviembre de 2017 (20:56 h.)
El Control Social y representantes de los diez distritos de Quillacollo salieron ayer en marcha para celebrar que una sentencia constitucional ratifica la tutela del Playón de Marquina como bien de dominio público y área recarga hídrica de ese municipio.
El alcalde Eduardo Mérida dijo que la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) devuelve 54 hectáreas a Quillacollo, “revocando la sentencia agroambiental que sin fundamento jurídico otorgaba el predio a particulares, por lo tanto, esta instancia deberá emitir una nueva sentencia, considerando esta resolución”.
Sin embargo, el presidente del Concejo Municipal, Víctor Osinaga, cuestionó el “festejo anticipado” de la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Explicó que el documento emitido confirma “en parte” y de forma clara manifiesta que concede la tutela a la Alcaldía, disponiendo dejar sin efecto la Sentencia Agroambiental Nacional, para que esta instancia pueda emitir una nueva resolución.
“Refutamos la actitud festiva del Alcalde cuando solo se ganó una batalla y no la guerra”.
El proceso inició en 2015, cuando con un amparo constitucional se frenó la titulación en favor de una familia.
El alcalde Eduardo Mérida dijo que la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) devuelve 54 hectáreas a Quillacollo, “revocando la sentencia agroambiental que sin fundamento jurídico otorgaba el predio a particulares, por lo tanto, esta instancia deberá emitir una nueva sentencia, considerando esta resolución”.
Sin embargo, el presidente del Concejo Municipal, Víctor Osinaga, cuestionó el “festejo anticipado” de la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Explicó que el documento emitido confirma “en parte” y de forma clara manifiesta que concede la tutela a la Alcaldía, disponiendo dejar sin efecto la Sentencia Agroambiental Nacional, para que esta instancia pueda emitir una nueva resolución.
“Refutamos la actitud festiva del Alcalde cuando solo se ganó una batalla y no la guerra”.
El proceso inició en 2015, cuando con un amparo constitucional se frenó la titulación en favor de una familia.