Veintisiete niños han sido asesinados en Bolivia en 10 meses de 2017, reveló ayer el asesor legal de Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), Rodrigo Gazahui. El año 2016, la cifra de infanticidios alcanzó a los 34, según la misma Fiscalía General del Estado. “En casi dos años, las víctimas suman 61 y eso es alarmante porque la violencia contra estos pequeños va en ascenso”, aseguró Gazahui.

Las denuncias de violencia física y psicológica no cesan en los nueve departamentos del país. En la última semana, dos niños de 10 años fueron brutalmente flagelados por sus padres con kimsa charañas o chicotes de cuero trenzado, en Cochabamba. No recibieron uno ni dos chicotazos, sino que fueron azotados hasta que los brazos de sus progenitores se cansaron y sus cuerpos estaban cubiertos de lesiones y sangre.

La activista de la Red Ciudadana contra el Infanticidio y el Abuso Sexual Infantil Melissa Ibarra sostuvo que el maltrato a estos seres indefensos es un tema pendiente cuyas causas deben ser resueltas. Los padres justifican la violencia diciendo que solo querían corregir una mala conducta, pero, en realidad, es una excusa que encubre las verdaderas razones: la descarga de frustraciones personales, económicas, odios y venganzas. “No se corrige destruyendo. La venganza es una causa del infanticidio. Hay demasiados casos de varones y mujeres que en su afán de vengarse de sus parejas golpean, violan y masacran a sus hijos o a los hermanitos indefensos”, describió.

Estas víctimas tampoco hallan justicia. Solo en dos de cada 10 crímenes contra los niños y niñas, los infanticidas y agresores obtienen sentencias condenatorias. El resto queda impune.

Otro problema es el silencio. Todavía subsiste el prejuicio de que los padres son “dueños” de la vida de los niños y por eso pueden ejercer violencia. “Pero, la violencia no es un derecho de los padres, es un delito y los vecinos, maestros y todo el entorno de un niño maltratado debe elegir protegerlo y no callar”, recomendó Rodrigo Gazahui.

Impunidad

Solo dos de cada 10 casos de violencia contra los niños concluyen con una sentencia condenatoria contra los agresores.