Cientos de personas expresaron su rechazo, a través de las redes sociales, a la decisión de un Juzgado de El Alto de ordenar el arresto domiciliario de un fiscal que fue denunciado e imputado por violar a su hija de 16 años. El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, también se pronunció al respecto y la Fiscalía Departamental apeló argumentando que lo destituyó.

Arce manifestó que en este caso correspondía la detención preventiva del exfiscal Ricardo C. La autoridad se refirió al tema en una conferencia. Dijo que procedería la detención preventiva, porque al haber sido destituido ya no cuenta con un trabajo y más bien existe riesgo de que manipule la justicia al tratarse de un delito grave.

“Es preocupante el accionar de los administradores de la justicia, como en el caso en el que el juez anticorrupción de El Alto, Ricardo Pinto Olmos, le dio una medida sustitutiva a la detención preventiva a un exfiscal procesado penalmente por la presunta comisión del delito de violación a su propia hija”, afirmó. Empero, el juez aludido manifestó a la Red Unitel que cuando se realizó la audiencia de medidas cautelares la Fiscalía no presentó el memorándum de destitución de Ricardo C. Por lo tanto, él acreditó que seguía trabajando en el Ministerio Público.

Ricardo C., de acuerdo a las declaraciones del fiscal general del Estado Ramiro Guerrero, fue destituido a primera hora del miércoles 8 de noviembre.

Sin embargo, reconoció que por dificultades administrativas que no precisó, el fax que enviaron sobre la destitución no fue reportado en la audiencia.

La Policía advirtió en este caso de un supuesto "encubrimiento" del fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, a su excolega, toda vez que hubo una reunión a puerta cerrada en la Fiscalía, de la que no participó el investigador policial. Por su lado, el fiscal departamental Edwin Blanco descartó que se haya pretendido proteger al exfiscal. “El Ministerio Público no protege ni privilegia a nadie, toma decisiones en el marco de la norma”, advirtió y no descartó procesar y destituir a los funcionarios de la Fiscalía que no notificaron a tiempo al exfiscal con la orden de su destitución.