DESDE AFUERA
Efectos del TPS, la factura del huracán en Nicaragua
09 de noviembre de 2017 (20:35 h.)
El huracán Mitch azotó Nicaragua hace 19 años, pero todavía tiene una factura pendiente: los efectos de la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para nicaragüenses en Estados Unidos.
En Nicaragua causó asombro una de las dos razones para la suspensión del TPS: el Gobierno no solicitó una extensión, que protegería a 5.349 ciudadanos, ahora en riesgo de ser deportados. La otra razón fue que Nicaragua, que presume de una economía "robusta", ya superó los efectos del Mitch. El propio Gobierno de Nicaragua reconoció que la suspensión le tomó por sorpresa: "Nuestra Embajada, consulados, y Cancillería, no conocen más información que la suministrada públicamente, en cuanto a cantidades posibles, por las propias agencias de seguridad del Gobierno de Estados Unidos".
Diversos especialistas han señalado que el Gobierno de Nicaragua debió anticiparse y negociar con Estados Unidos, porque sus consulados y embajadas están obligados por ley a defender los intereses de los nicaragüenses, pero también porque el país no está en condiciones de recibirlos.
Para el negociador del TPS y excanciller nicaragüense, Francisco Aguirre Sacasa, es posible que la suspensión del beneficio migratorio para Nicaragua, que sí fue extendido para Honduras, sea "un reflejo de las frías relaciones" con Estados Unidos.
No es secreto que el Gobierno de Nicaragua es aliado de Cuba y Venezuela, países adversos a Estados Unidos, que se muestra más cercano con Guatemala, Honduras y El Salvador.
Adicionalmente en el Congreso estadounidense avanza una propuesta de ley para frenar desembolsos internacionales a Nicaragua mientras no celebre elecciones "libres, justas y transparentes", conocida como Nica Act, y que apoyan republicanos y demócratas.
Para el exdiplomático, la decisión es positiva para el Gobierno de Donald Trump, pues le permite mostrarse implacable contra los inmigrantes sin exponerse ante comunidades extranjeras más grandes, como la salvadoreña (86.000 beneficiados) o la hondureña (57.000).
Pero para el especialista en asuntos internacionales y rector de la Universidad American College, Mauricio Herdocia, la suspensión del TPS para los nicaragüenses es negativa. "Ellos esperaban continuar siendo protegidos, pagan impuestos y tienen hijos allá, hay familias que se van a romper".
Algunos nicaragüenses en Estados Unidos han participado en reclamos públicos contra la suspensión del TPS, y otros han mostrado preocupación por la importancia que da su Gobierno a la diáspora, calculada en más de 1 millón de personas, 500.000 de las cuales viven en el país norteamericano.
"El Gobierno de Nicaragua, que se llena la boca diciendo que está al lado del pueblo, debió solicitar una extensión del estatus, por un asunto humanitario", dice el politólogo Mauricio Mendieta.
El Gobierno nicaragüense ya invitó a los posibles afectados a buscar ayuda legal en sus consulados y embajada en Washington.
En Nicaragua causó asombro una de las dos razones para la suspensión del TPS: el Gobierno no solicitó una extensión, que protegería a 5.349 ciudadanos, ahora en riesgo de ser deportados. La otra razón fue que Nicaragua, que presume de una economía "robusta", ya superó los efectos del Mitch. El propio Gobierno de Nicaragua reconoció que la suspensión le tomó por sorpresa: "Nuestra Embajada, consulados, y Cancillería, no conocen más información que la suministrada públicamente, en cuanto a cantidades posibles, por las propias agencias de seguridad del Gobierno de Estados Unidos".
Diversos especialistas han señalado que el Gobierno de Nicaragua debió anticiparse y negociar con Estados Unidos, porque sus consulados y embajadas están obligados por ley a defender los intereses de los nicaragüenses, pero también porque el país no está en condiciones de recibirlos.
Para el negociador del TPS y excanciller nicaragüense, Francisco Aguirre Sacasa, es posible que la suspensión del beneficio migratorio para Nicaragua, que sí fue extendido para Honduras, sea "un reflejo de las frías relaciones" con Estados Unidos.
No es secreto que el Gobierno de Nicaragua es aliado de Cuba y Venezuela, países adversos a Estados Unidos, que se muestra más cercano con Guatemala, Honduras y El Salvador.
Adicionalmente en el Congreso estadounidense avanza una propuesta de ley para frenar desembolsos internacionales a Nicaragua mientras no celebre elecciones "libres, justas y transparentes", conocida como Nica Act, y que apoyan republicanos y demócratas.
Para el exdiplomático, la decisión es positiva para el Gobierno de Donald Trump, pues le permite mostrarse implacable contra los inmigrantes sin exponerse ante comunidades extranjeras más grandes, como la salvadoreña (86.000 beneficiados) o la hondureña (57.000).
Pero para el especialista en asuntos internacionales y rector de la Universidad American College, Mauricio Herdocia, la suspensión del TPS para los nicaragüenses es negativa. "Ellos esperaban continuar siendo protegidos, pagan impuestos y tienen hijos allá, hay familias que se van a romper".
Algunos nicaragüenses en Estados Unidos han participado en reclamos públicos contra la suspensión del TPS, y otros han mostrado preocupación por la importancia que da su Gobierno a la diáspora, calculada en más de 1 millón de personas, 500.000 de las cuales viven en el país norteamericano.
"El Gobierno de Nicaragua, que se llena la boca diciendo que está al lado del pueblo, debió solicitar una extensión del estatus, por un asunto humanitario", dice el politólogo Mauricio Mendieta.
El Gobierno nicaragüense ya invitó a los posibles afectados a buscar ayuda legal en sus consulados y embajada en Washington.
Lo dramático es que los beneficiados por el TPS, que tienen 12 meses para legalizarse o regresar a Nicaragua, "no vienen a un país con mejores condiciones, vienen al desempleo", advierte el exdiplomático y exdirectivo del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Mauricio Díaz.
(Tomado de la agencia EFE)