Ocurrió en Parotani. Los esposos Rosaura Espinoza Mamani (37) y Eliodoro Jamira Nina (40) empezaron a discutir en su casa, a medianoche. Sus hijos dormían, pero ya estaban acostumbrados a los gritos de sus padres y no despertaron.

Las ofensas e insultos fueron cada vez más hirientes, hasta que Eliodoro Jamira tomó una chujchuka, como se conoce en el campo al azadón pequeño que se emplea en la cosecha de papa, y golpeó con el filo metálico la cabeza de su esposa varias veces, hasta que sus alaridos cesaron y ella quedó con la cabeza destrozada.

Jamira no huyó. Aguardó sentado en una silla hasta que su hijo mayor, de 19 años, acudió a la habitación y vio a su madre en el piso, en medio de un enorme charco de sangre.

Los vecinos llamaron a la Policía de Sipe Sipe y los investigadores levantaron el cadáver de Rosaura Espinoza a las dos de la mañana de ayer.

Los habitantes de la zona contaron que la mujer tenía un carácter “terrible” y que hostigaba a su marido todo el tiempo, con insultos y ofensas. Jamira, entrevistado por los policías, agachó la cabeza y admitió que él la había matado.

“Ya no aguantaba sus maltratos y sus infidelidades”, le dijo en quechua a Unitel, ya encerrado en celdas policiales.

La autopsia confirmó que la causa de muerte de Rosaura Espinoza fue un traumatismo craneal severo. La pareja tuvo cinco hijos de 19, 15, 8, 7 y 5 años de edad.

De acuerdo al registro de feminicidios atendidos por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), este año ya hubo 17 asesinatos de mujeres. Sin embargo, según la Fiscalía, que es la que tipifica los delitos ante los juzgados, los feminicidios ya suman 21. En una audiencia cautelar fue enviado a la cárcel de El Abra. La violencia contra las mujeres continúa en Cochabamba, sin que las leyes puedan frenarlas por sí mismas. La directora de la Oficina Jurídica para la Mujer, Julieta Montaño, dijo que se precisan políticas estatales de prevención y educación, para cambiar la manera de pensar respecto a los roles y las relaciones entre hombres y mujeres, aunque, también es urgente aumentar el porcentaje de sentencias condenatorias por la Ley 348, para que la sociedad entienda que la violencia es un delito que tiene pena de cárcel. El número de casos que llegan a juicio son muy pocos, en comparación con el número de feminicidios.