El peor de los fantasmas del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, su antecesor, Rafael Correa, apareció en la noche de Halloween para desafiar su liderazgo político, que confía en poder afianzar con la consulta popular programada para principios de 2018.

"Halloween negro para PAIS", "Golpe de Estado en PAIS", o "Pugna total por el liderazgo del movimiento Alianza País", son algunos de los titulares que el miércoles abrieron las portadas impresas y digitales en Ecuador, después de que la Directiva Nacional del movimiento oficialista que fundó Correa en 2006 destituyera el martes a su actual dirigente, Moreno.

El golpe era esperado en cualquier momento desde hacía varias semanas por destacados cargos de la formación, entre ellos la vicepresidenta designada María Alejandra Vicuña, que consideró el sábado en una entrevista con Efe, que la fractura era inevitable.

En el epicentro de la disputa el choque entre Correa y Moreno sobre la situación financiera y política del país: la titánica deuda dejada por el primero, las fallas en los grandes proyectos de construcción y el diálogo entablado por el actual Presidente con la oposición conservadora para rescatar la economía nacional y resolver la confrontación social dejada por el correísmo. Pero sobre todo, el nuevo orden impulsado por Moreno de acabar con la corrupción, aunque de momento sea de forma declarativa.

Moreno "se ha alejado del proyecto político", es un "enemigo de la revolución ciudadana", argumentó el exministro de Exteriores Ricardo Patiño en la rueda de prensa en la que el movimiento anunció su destitución el martes. Correísta convencido -en septiembre abandonó su cargo de asesor de Moreno-, Patiño es de acuerdo a la resolución adoptada por el partido el nuevo presidente de la formación, aunque antes, como en tantos casos en Ecuador, deban certificarlo los tribunales, porque la validez de la decisión es cuestionada. Así lo explicó el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), José Serrano, al afirmar que la destitución de Moreno supone una violación de la Constitución ecuatoriana y del "régimen democrático". No se siguió el "debido proceso" que le permitiera defenderse de las faltas que se le atribuyen para la retirada de la "dignidad" -su ausencia de las sesiones durante tres meses- y, según Serrano, "no se ha permitido la participación del Presidente del movimiento en la sesión donde espúreamente se ha tomado la decisión".

Mientras se dilucida la situación legal, la fractura ha llegado al grupo parlamentario, lo que quedó de manifiesto horas antes de que estallara la crisis, cuando los halcones correístas votaron con la oposición para exigir al secretario de Educación Superior que dé explicaciones sobre el mal funcionamiento de varias universidades. Un mero trámite que deja al descubierto la situación que puede llegar a afrontar Moreno a partir de ahora, con sólo 44 diputados leales, de los 74 del grupo parlamentario. El resto se dividen entre una veintena de seguidores de Correa y una decena de indecisos. Este ejemplo ha llevado al superintendente de Ordenamiento Territorial, Fernando Correa, a advertir al diario "Expreso" de que el partido AP es "a la vez Gobierno y oposición".