De manera paulatina, en la sociedad boliviana se ha ido perdiendo el sentido de la coherencia, particularmente la relación entre el decir y el hacer. Con mucha frecuencia, las personas afirman una cosa y muy pronto sostienen o hacen exactamente lo contrario, dejando a sus interlocutores sumidos en dudas de si lo que escucharon o vieron antes o después es lo real, y si no se trata simplemente de algún espejismo.

Cuando estas situaciones se presentan en el ámbito político, los efectos son mucho más nocivos porque minan la confianza en las/os líderes, las organizaciones o instituciones que públicamente prometen una cosa y en la práctica hacen lo opuesto. Así, muchas autoridades frente a cámaras, micrófonos y público, dicen lo que la gente quiere escuchar, sin tener la convicción de que lo que manifiestan guarda relación con la realidad o de que lo que prometen será debidamente cumplido. Por ejemplo, afirman que serán implacables con la corrupción, pero lo que en la práctica hacen es proteger a sus allegados hasta el extremo de reprimir a los que se atreven a reclamar. La dureza de la ley no llega a los próximos al poder, en el mejor de los escenarios cae sobre los eslabones más débiles de la cadena porque los fuertes se hallan debidamente resguardados/as. Se habla de optimización de la economía, pero lo que se ve es el derroche inmisericorde de recursos en viajes (muchos de placer) de jerarcas de Estado, con gastos pagados con fondos públicos, movilizaciones, propaganda televisiva, radial y escrita para satisfacer el ego de altos funcionarios y sus aspiraciones de perpetuarse en el poder, en lugar de invertir esos recursos en la satisfacción de los requerimientos en áreas como salud, seguridad ciudadana y educación.

Pero, el mal de la incoherencia no solo está en el ámbito político. También se observa en sectores religiosos, entre ellos algunas iglesias evangélicas, implacables en su lucha contra el aborto y dizque en defensa de la vida del no nacido, pero que, al momento de echar de su fuente de trabajo a mujeres embarazadas para no tener que pagar los subsidios que les corresponden, olvidan su “compromiso”, porque por encima de él están sus intereses económicos y el deseo de burlar las leyes del país, las mismas que prohíben el despido de mujeres gestantes y hombres cuya esposa se halla embarazada, prohibición que se extiende hasta el año del o la bebé.

Conductas como las señaladas son parte de la cotidianidad y sus efectos negativos se dejan sentir en la apatía social y política de las y los jóvenes que lo que esperan de la gente adulta es que actúe en concordancia con lo que dice, por lo que resulta imperativo retomar el camino de la coherencia.