"No se perdona a quienes roban, desfalcan o se corrompen con plata del pueblo. A las 17:00 se posesiona nuevo Gte. Banco Unión, Rolando Marín", escribió el lunes el presidente Evo Morales en su cuenta de Twitter.

Con ese mensaje, el Mandatario hacía conocer el cambio de gerente de la entidad financiera, a casi un mes de haberse descubierto el desfalco de 37.6 millones de bolivianos en la agencia Batallas (La Paz), por el principal acusado y exjefe de Operaciones Juan Pari.

Aunque el mismo gobernante reconoció que se tardó un poco en el cambio de la exgerenta general Marcia del Carmen Villarroel Gonzales, por Rolando Marín Ibáñez, debido a que "no es sencillo conseguir hombres y mujeres comprometidas, además con mucha experiencia para administrar uno de los bancos más grandes de Bolivia, como es el Banco Unión", la acción muestra que Morales ya tenía en mente retirar a la exautoridad financiera, en cuya gestión se destapó el millonario desfalco.

Y aunque no fuera así, el cambio era necesario para que el Ministerio Público investigue con total amplitud quién o quiénes participaron del hecho, porque todo indica que Pari no actuó solo. No por nada, el fiscal que indaga el caso, Erlan Almanza, anunció el lunes que prevé convocar a otros 18 funcionarios del banco, y ratificó que otros 13, entre ellos familiares de Pari, ya se encuentran recluidos en distintas cárceles de La Paz.

El lunes, tras la destitución de Villarroel Gonzales, Almanza dijo que tampoco se descartaba la posibilidad de convocar a la exgerenta, quien asumió en 2007 la responsabilidad de dirigir el banco por invitación del directorio, con el objetivo de impulsar el proyecto de transformación en el sistema financiero. "Eso implicaba convertir al Banco Unión, desde su situación de crisis, a un banco ejemplar dentro del sistema financiero, democratizando los servicios financieros, mostrando eficiencia y buena administración", indica el diario El Deber en una entrevista publicada el pasado el 3 de mayo.

Convocar a la exautoridad no implica que esté involucrada, sino que suponemos que la Fiscalía requiere tener detalles para descubrir cómo es que se logró burlar el sistema informático, cuando en teoría la banca ha implementado mecanismos para impedir cualquier desfalco, por más mínimo que sea.

Asimismo, el martes, el abogado de la institución Aldo Burgos dijo que 35 funcionarios son investigados luego de que un informe de auditoría que realizó el banco determina el grado de responsabilidad de cada uno de ellos.

Burgos informó que se mandó una ampliación de la denuncia y el Ministerio Público debe tomar la determinación correspondiente y establecer los grados de responsabilidad. “Hemos mandado la ampliación de la denuncia hace una semana y más, y la Fiscalía debe ser la que tome las determinaciones correspondientes”, apuntó el jurista, según la nota difundida por la agencia Erbol.

Nunca es tarde para asumir acciones correctivas. Por tanto, si es necesario alejar a otros ejecutivos de la entidad financiera, como anunció el presidente Morales que se haría, las actuales autoridades no deben dudar ni un instante en hacerlo para viabilizar las investigaciones.

La credibilidad del banco, considerado el tercero más grande del país, con un patrimonio de 261.8 millones de dólares hasta agosto de este año, está en juego. En ese marco, se debe trabajar para que el esfuerzo realizado en la última década no se vea afectado.

Por ahora, resta mucho por indagar, porque a casi un mes del hecho tampoco se sabe a dónde fueron a parar varios de los millones sustraídos.

Una fuente allegada a la investigación reveló a Erbol, el pasado jueves 19 de octubre, que Luciana R., novia de Pari, tendría escondida la mayor parte del millonario botín. Sin embargo, el abogado del banco indicó que la confirmación “emergerá de los actuados que realiza el Ministerio Público”.