El representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, denunció ayer que el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de Cochabamba encubrió a un funcionario que habría sido denunciado el año pasado por su esposa por violencia y que el caso no fue remitido a la Fiscalía, como corresponde. La directora del SLIM, Jeaneth Vargas, rechazó ayer esa sindicación y sostuvo que fue la denunciante la que presentó una carta en la que aseguraba que su pareja no la había agredido y que retiraba cualquier acusación porque no correspondía a la verdad.

Respecto al certificado forense que le otorgaba tres días de impedimento, la mujer reconoció que tenía un hematoma en un brazo “debido a un percance” que ella había sufrido.

“Lamentamos que se quiera politizar esto y decir que nosotros, como SLIM, no estamos haciendo nuestro trabajo”, sostuvo Vargas, visiblemente molesta. La jefa del servicio legal exhibió los documentos que acreditan que la denunciante retiró su denuncia inicial, admitiendo que no fue golpeada.

Sin embargo, para Nelson Cox, la explicación no fue satisfactoria, pues si se recibe una denuncia, quien debe establecer si es una falsa acusación, o no, es la Fiscalía y el SLIM habría incumplido su deber de remitir el caso y generar los informes psicológico, social y legal, para desvirtuar al esclarecimiento del caso.