El conflicto mapuche, la controversia entre el Estado chileno y el principal grupo indígena del país, se ha intensificado en las últimas semanas y amenaza con desencadenar una nueva crisis política en la etapa final del Gobierno de Michelle Bachelet.

Se trata de un problema recurrente. A finales de marzo, el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra´ad Al Hussein, le planteó a la presidenta Bachelet su preocupación por la situación en la región de la Araucanía, donde vive la mayor parte de la etnia originaria mapuche. "Un reconocimiento adecuado y un diálogo significativo son esenciales", subrayó Al Hussein, alarmado por los informes que llegaron a su oficina que hablaban de "un uso excesivo de la fuerza y abusos contra miembros de grupos indígenas".

Dos meses después, Bachelet aprovechó su último informe ante el Congreso para anunciar la elaboración de un plan integral para la Araucanía, cuyo objetivo era poner fin a la tensión que vive esa región del sur del país, donde se concentra la mayoría de la población mapuche.

"Es hora de terminar con un conflicto que ha durado casi 500 años", proclamó la Jefa de Estado al anunciar esta iniciativa, que incluía "la participación, el reconocimiento y nuevas formas de reparación para los pueblos indígenas". "Pobreza, rezago territorial, discriminación, violencia, baja productividad, poca diversificación, un Estado poco eficiente y el no reconocimiento son parte de un mismo fenómeno y se refuerzan", reconoció en esa ocasión la Mandataria.

Pero el anuncio presidencial no bastó para frenar los episodios de violencia protagonizados por los sectores más radicalizados, organizados en torno a agrupaciones como Resistencia Mapuche y Weichan Auka Mapu. A finales de septiembre, la Policía llevó a cabo la denominada "Operación Huracán", que se saldó con la detención de ocho comuneros mapuches, entre ellos, Héctor Llaitul, líder de la histórica Coordinadora Arauco Malleco, una organización radical que exige el reconocimiento de derechos políticos y culturales y la devolución de sus tierras a los pueblos originarios. A raíz de aquel operativo policial, la Fiscalía reveló la existencia de un presunto comercio ilegal de armas procedentes de Argentina. Paralelamente, cuatro comuneros indígenas acusados de incendiar un templo evangélico en el sur de Chile que llevaban más de cien días en huelga de hambre fueron trasladados al hospital, después de que se agravara su estado de salud.

Y mientras el subsecretario del Interior, Mahmoud Alehuy, viajaba a la Argentina para entrevistarse con autoridades de ese país y recabar datos sobre eventuales vínculos entre grupos mapuches radicales, el Gobierno solicitaba modificar la prisión preventiva de los comuneros que mantenían el largo ayuno. La solicitud -que finalmente acabaría siendo desestimada por el tribunal- tenía como objetivo "resguardar de mejor forma la integridad física de los acusados", que para entonces acumulaban 113 días sin ingerir alimentos. Pero según fuentes cercanas al Gobierno citadas por la prensa local, Alehuy, una de las piezas clave del gabinete de Bachelet, se sintió desautorizado y estuvo a punto de renunciar, lo que habría desencadenado una nueva crisis de gobierno apenas un mes después de que el equipo económico de Bachelet dimitiera en bloque.

Finalmente, el viceministro del Interior optó por tomarse un permiso y retirarse unas semanas de la vida pública, lo que ha desatado todo tipo de especulaciones (...).