Como bien apuntaron varios agudos internautas, la que se va ha sido una semana negra para el Gobierno. Diversos casos de corrupción fueron denunciados sucesivamente al interior de instancias y empresas estatales, lo que de nuevo ha dañado la imagen de la eficiencia de la administración pública.

Hace seis días, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, reveló que dentro de su institución operaba una red delincuencial que sustraía recursos del Estado con cheques sin sustento y compras irregulares; parte de esa organización fue detenida, acusada de desfalcar tres millones de bolivianos, informó el diario Página Siete. La Policía detuvo a seis personas, cinco exfuncionarios del Ministerio y una civil, después de una denuncia de esa cartera de Estado, tras conocerse los resultados de una auditoría interna. Ferreira explicó que el desfalco fue en 2014, cuando el encargado de firmar los cheques, Germán C.P., en complicidad con Vladimir Jorge O.C., rubricaron esos documentos en favor de Wilma Verónica Calisaya, concubina del primero. "El monto asciende a 3.017.336 de bolivianos. Estos recursos los retiraron para comprar un lote de terreno en 150 mil dólares, movilidades (vehículos), y tenían dinero guardado”, contó.

Por otro lado, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) inició el control de riesgo operativo de la central del Banco Unión, ubicada en Santa Cruz, tras conocerse el desfalco de al menos 30 millones de bolivianos por parte de uno de sus funcionarios, reflejó ANF. Con esta inspección, mediante expertos del campo, la ASFI busca determinar el grado de vulneración de las medidas de seguridad de la entidad estatal, señaló una fuente allegada. Indicó que no se trata de una intervención al Banco Unión, que viene desarrollando sus actividades de manera normal. Los fiscales de La Paz Erlan Almanza y Daniel Ayala también se hicieron presentes en la capital cruceña para realizar distintas pesquisas en el caso del desfalco millonario. Juan P. M., principal acusado, ocupaba el cargo de jefe de Operaciones de la agencia del municipio de Batallas. Según las investigaciones, sacaba constantemente grandes cantidades de dinero de cajeros automáticos.

Finalmente, y aunque por fortuna fueron luego encarcelados, delincuentes perpetraron este martes un cuantioso robo a un camión del que lograron sustraer 18 cajas que contenían tarjetas prepago de Bs 30 de la empresa Entel y cuyo costo total estaba valorado en 5.4 millones de bolivianos. Según el reporte de las autoridades policiales, los denominados "paracaidistas", ladrones de vehículos en movimiento, subieron al camión de la empresa telefónica en la localidad de Entre Ríos del Trópico cochabambino, cortaron la carpa que cubría el motorizado y sacaron las cajas para luego darse a la fuga. Entel anuló las tarjetas robadas y recuperó buena parte de ellas. Y este no fue un hecho de desfalco, pero sí reveló escasas medidas de seguridad para el transporte de un producto valioso en precio.

Pues bien, es más que sabido que la corrupción no es, ni de lejos, un fenómeno nuevo en Bolivia. La hemos sufrido desde la colonia misma, cuando los españoles se hicieron de nuestras riquezas sin mayores reparos morales; y en la república, cuando pequeños grupos familiares negociaban el país. Y todos alguna vez nos hemos pasado un semáforo en rojo, hemos intentado copiar en un examen o hemos mentido a alguien. Eso es también corrupción y de ella parece que no se salva nadie.

Comprendiendo esto, el Gobierno del “cambio” propuso desde sus inicios seguir el código ético de los antiguos indígenas, al tiempo que promover el Vivir Bien, como opuesto al modo de vida de acumulación. Esta mística, sin embargo, se quedó apenas en los papeles y en alguno que otro discurso. De ese modo, si bien el país ha experimentado, producto de su éxito macroeconómico, cierta movilidad social, esta no tiene otro norte más que el del capitalismo sin escrúpulos, lo que se traduce en masivos casos de corrupción.