DESDE EL CUARTO PROPIO
No son excepciones
04 de octubre de 2017 (19:59 h.)
Desde hace algunos días, la agenda mediática ha estado concentrada en el debate sobre aborto y despenalización, debido a la aprobación del artículo 153 del nuevo Código del Sistema Penal, que solo amplía las causales para el aborto que no tiene sanción penal.
En ese contexto, asistí a una entrevista en un canal de televisión, en la que también entrevistaron a dos representantes de sectores conservadores, quienes manifestaron su posición. Durante la entrevista, la conductora preguntó sobre un caso concreto, una noticia publicada en algún medio de prensa que hacía referencia a una niña de 12 años que tenía dos hijos, ambos productos de dos violaciones, de parte de personas de su entorno familiar cercano. Las respuestas de las entrevistadas me produjeron una sensación de terror, porque una de ellas habló de la responsabilidad de la madre de la niña por haber dejado que el hecho ocurriera, transfiriendo la responsabilidad de la violación a la madre. La segunda, con frialdad, hizo referencia a que la legislación del país no debe guiarse por casos puntuales, excepcionales.
Lamentablemente, estas situaciones en nuestro país no son excepciones. Solo entre enero y julio de este año, el Sistema Nacional de Información en Salud reportó 2.000 embarazos de niñas menores de 15 años. El estudio de mortalidad materna registró un porcentaje igualmente alarmante de muerte materna en este segmento de niñas. En su mayoría, los embarazos de niñas están directamente relacionados con situaciones de violencia sexual que perpetra generalmente un integrante del entorno familiar o cercano. Cabe recordar que Bolivia es el segundo país con tasas más alta de violencia sexual de América Latina.
Este tipo de declaraciones como las de esa entrevista contribuyen a la naturalización de la violencia sexual contra las niñas y las mujeres, minimizan el impacto en sus vidas y refuerza la idea de que las mujeres son culpables de la violación. Niegan que son los mandatos sociales de una sociedad machista los que generan un campo abonado para que se produzca la violencia sexual, que se reproducen modelos de sumisión y que se les niega autonomía a las mujeres sobre sus decisiones y planes de vida. Rechazan la relación que existe entre la falta de educación sexual desde la niñez, poco acceso a la anticoncepción y su vulnerabilidad ante la violencia sexual.
En ese contexto, asistí a una entrevista en un canal de televisión, en la que también entrevistaron a dos representantes de sectores conservadores, quienes manifestaron su posición. Durante la entrevista, la conductora preguntó sobre un caso concreto, una noticia publicada en algún medio de prensa que hacía referencia a una niña de 12 años que tenía dos hijos, ambos productos de dos violaciones, de parte de personas de su entorno familiar cercano. Las respuestas de las entrevistadas me produjeron una sensación de terror, porque una de ellas habló de la responsabilidad de la madre de la niña por haber dejado que el hecho ocurriera, transfiriendo la responsabilidad de la violación a la madre. La segunda, con frialdad, hizo referencia a que la legislación del país no debe guiarse por casos puntuales, excepcionales.
Lamentablemente, estas situaciones en nuestro país no son excepciones. Solo entre enero y julio de este año, el Sistema Nacional de Información en Salud reportó 2.000 embarazos de niñas menores de 15 años. El estudio de mortalidad materna registró un porcentaje igualmente alarmante de muerte materna en este segmento de niñas. En su mayoría, los embarazos de niñas están directamente relacionados con situaciones de violencia sexual que perpetra generalmente un integrante del entorno familiar o cercano. Cabe recordar que Bolivia es el segundo país con tasas más alta de violencia sexual de América Latina.
Este tipo de declaraciones como las de esa entrevista contribuyen a la naturalización de la violencia sexual contra las niñas y las mujeres, minimizan el impacto en sus vidas y refuerza la idea de que las mujeres son culpables de la violación. Niegan que son los mandatos sociales de una sociedad machista los que generan un campo abonado para que se produzca la violencia sexual, que se reproducen modelos de sumisión y que se les niega autonomía a las mujeres sobre sus decisiones y planes de vida. Rechazan la relación que existe entre la falta de educación sexual desde la niñez, poco acceso a la anticoncepción y su vulnerabilidad ante la violencia sexual.