La Diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Norma Piérola, señaló ayer que la oposición iniciará una acción penal contra magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), por no hacer respetar la Constitución Política del Estado y el referendo del 2016, donde, según ellos, se le dijo no a otra reelección de Evo Morales.

A su vez, dijo que también se está exigiendo que todos los juicios de responsabilidad que están pendientes de acusaciones sean resueltos en el día, dentro la Asamblea Legislativa, sobre todo en la Comisión de Justicia Plural y después al pleno de la Cámara de Diputados para que estos resuelvan “de una vez” lo que establecen las leyes, toda vez que lo que hace "esta comisión del Movimiento Al Socialismo (MAS), sobre todo la Cámara de Diputados, por el incumplimiento de deberes y además no respetar ni las leyes ni la constitución".

"Se ha decidido iniciar una acción penal contra los magistrados del Tribunal Constitucional además de exigir que todos los juicios de responsabilidad que están pendientes de acusaciones sean resueltos en el día en la Asamblea Legislativa", reafirmó Piérola.

Explicó que la acción se presentará al Ministerio Público recién en los próximos días, “ya que se está convocando a gente de manera pública el día de mañana (hoy) y de esta forma en la semana se lo va ir preparando hasta el jueves”.

"Por lo tanto, exigimos que los fiscales, principalmente el departamental de La Paz, Edwin Blanco, disponga de investigaciones para estas personas por no cumplir las leyes, entre otros muchos temas".

Indicó que la única manera de modificar la Carta Magna es a través de una Asamblea Constituyente, “es en este sentido que, en defensa de la constitucionalidad, hay que responder cuando se está vulnerando los derechos a la democracia, el derecho a la intangibilidad de la Constitución.

Finalmente, explicó que el objetivo principal es "hacer respetar el referendo del pasado año y la voluntad soberana de la nación, pues toda la gente, sin necesidad de ser actores políticos, tiene el derecho de que se respete su decisión".

Oficialistas

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