Los exejecutivos de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba (ELFEC) creó una empresa intermediaria (offshore) para vender las acciones a la Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba (Comteco) y, de esa forma, evadir el pago de impuestos, confirmó el diputado Víctor Gutiérrez.

El parlamentario cochabambino, quien es miembro de la Comisión Especial Mixta que investigó el caso de los Papeles de Panamá en Bolivia, señaló a OPINIÓN que un grupo de exautoridades de la compañía eléctrica creó en Panamá la empresa Soelbo con un capital de apenas 10 mil dólares, pero, luego, realizó la transacción de compra-venta de acciones por 11 millones de dólares. “Es algo descomunal, completamente inexplicable”.

“Hemos confirmado en los hechos que se constituyó una sociedad fantasma como es Soelbo para llegar a (realizar esa) transacción fraudulenta”, afirmó el diputado cochabambino.

Añadió que esas empresas “han sido creadas en un paraíso fiscal para también ocultar la verdadera identidad de los beneficiarios”.

A lo largo de las investigaciones, los parlamentarios detectaron que el 28 de septiembre de 2007 se constituyeron las empresas Cochabambina de Electricidad S.A. y Trabajadores Luz y Fuerza S.A., las que luego dieron vida a Soelbo en Panamá. En mayo de 2009, tras concretar la compra-venta de las acciones de ELFEC a Comteco se disolvieron.

HACE SEIS MESES En marzo del presente año, los miembros de la Comisión Especial Mixta informaron que habían detectado irregularidades en la compra de acciones de ELFEC.

En la publicación del 16 de marzo del periódico La Razón, el presidente de la mencionada comisión, Manuel Canelas, informó que las irregularidades detectadas (en la venta de acciones a Comteco) eran el resultado del análisis de la documentación e información proporcionada por ex y actuales responsables del directorio de la Cooperativa de Telecomunicaciones, socios, un exinterventor, gerente de ELFEC, además de las autoridades de cooperativas y de fiscalización del sistema eléctrico.

“Lo que vimos en el análisis de la documentación y con la visita de la gente involucrada, es que hubo varios problemas, no se obró bien durante el proceso de adquisición de acciones de ELFEC por parte de Comteco”, sostuvo Canelas en esa oportunidad.

Ahora, tras 16 meses de investigaciones se confirman las irregularidades en esa transacción.

DESDE 1995 El diputado Gutiérrez señaló que el caso de la compra-venta de acciones se remonta al proceso de privatización aplicado en 1995 por el expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada.

Explicó que ese año, los ejecutivos de ELFEC aplicaron una estrategia gerencial para dividirla en dos o tres partes. Fue así que la fraccionaron y constituyeron varias empresas.

“A raíz de eso, hemos verificado que el año 2006 habían pedido un ´estudio´a un consultor, a Roberto Laserna concretamente, para que les dé una especie de sustento teórico o marco conceptual para poder llevar adelante sus transacciones”.

Añadió que en ese documento que se llamaba “Riesgo País”, Laserna señalaba que ante el advenimiento del Gobierno de Evo Morales y de probabilidades de algunas medidas que podría tomar en contra de los intereses de estas transnacionales y sobre la base de este estudio, los inversionistas de la empresa estadounidense Pennsylvania Power and Light Global (PPLG), dueña del 92.12 por ciento de las acciones de ELFEC, en ese momento, deciden vender sus acciones que tenían en la Empresa Luz del Valle Inversiones SA.

Sostuvo que en esa transferencia intervinieron los ejecutivos de la empresa eléctrica y otras personas más “conocidas” en el medio. Algunas están prófugas, como de Javier de Udaeta (exgerente general), Javier Alejandro Justiniano (exasesor legal) y el exsecretario del Sindicato de Trabajadores, Alejando Viscarra”.

“Hicieron varias cosas completamente llamativas. Inducieron a los trabajadores a recibir el pago adelantado de sus beneficios sociales. Eso fue para hacerse dueños de la acciones de la empresa”.

A LA FISCALÍA El parlamentario señaló que toda la documentación será remitida al Ministerio Público para que se encargue del caso.

“Hemos aprobado nuestro informe y todo esto está siendo remitido al presidente del Congreso, Álvaro García Linera. Será considerado por el pleno de la Asamblea Legislativa para su aprobación”.

Acotó que una vez que tenga el sello del pleno de la Asamblea, “al día siguiente será remitido al Ministerio Público”.

18

Meses

Los miembros de la Comisión Especial Mixta trabajaron 18 meses en las investigaciones para determinar qué empresas, instituciones y personas usaron intermediarias en Bolivia.

Goni creó offshore en 1960

El diputado cochabambino Víctor Gutiérrez señaló que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (gobernó Bolivia entre 1993 - 1997, en su primer mandato, y del 6 de agosto de 2002 al 17 de octubre de 2003), fue quien habría dado los primeros pasos en la creación de las empresas intermediarias para evadir impuestos.

“Hemos encontrado que en 1960 Sánchez de Lozada había constituido 11 empresas offshore en Panamá. Tenemos un listado de ellas en el informe”.

OTRAS EMPRESAS El diputado informó que la Comisión Especial Mixta investigó a 11 empresas en total. En el grupo está el caso Soboce, donde el líder Samuel Doria Medina habría conformado en Panamá la empresa Alkapana para realizar la transacción comercial con la cementera mexicana Chihuaha y evadir el pago de los impuestos.

Señaló que también investigaron a ENTEL “por controversia que tenía con los italianos. Se hizo la apertura de cuentas, pero no pasó de eso porque luego las cerraron, no declaró ningún movimiento, y como no hubo nada, este caso está archivado”.

Apuntes

La Comisión

El 13 de mayo de 2016, la Asamblea Legislativa Plurinacional creó la Comisión Especial Mixta para investigar la posible vulneración de la normativa nacional y la afectación del interés público con actividades y transacciones de empresas o entidades offshore, después que se destapó el caso Papeles de Panamá.

Una norma

Los miembros de la Comisión, tras aprobar el informe, presentaron un proyecto de ley de lucha contra el uso de paraísos fiscales, que prevé ser remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en las próximas horas para que sea tratada por el pleno.

"La ley debe promover el ajuste normativo en diferentes ámbitos (...), a nivel de la Unidad de Investigaciones Financieras, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas", señala la reseña del proyecto de ley de lucha contra el uso de paraísos fiscales.

Informe

El informe conclusivo de esa instancia legislativa establece que, además de las 360 empresas registradas en Bolivia, fueron investigadas 198 personas naturales, de las cuales se abrieron 76 casos de estudio.

El documento final tiene más de 200 páginas.