Bolivia no siempre se caracterizó porque sus gobernantes y gobernados fueran respetuosos de las leyes y preocupados por el bien común. Permanentes violaciones a los derechos humanos y restricciones a la satisfacción de las necesidades básicas de la mayoría, la inestabilidad social y política fueron las que definieron al país.

Por circunstancias que con precisión han sido expuestas por expertos y expertas, la economía del Estado cambió radicalmente con los ingresos al TGN nunca antes vistos en su historia, situación que fue complementada con el acceso al poder de un Gobierno con dos tercios de representación en el Órgano Legislativo, permitiéndole la posibilidad de administrar el aparato estatal con toda comodidad, aprobar las leyes que consideró necesarias y designar a titulares de los otros órganos. Sus ministros pudieron asistir a los actos de fiscalización requeridos por la débil oposición, no como una obligación, sino como una concesión de buena voluntad y con la seguridad de salir más fortalecidos con el baño de halagos y aplausos recibidos de la mayoría de legisladores, independientemente de que sea positivo o aberrante el informe ofrecido.

Empero, la bonanza económica y la estabilidad política no fueron suficientes para que se respeten los derechos humanos ni se piense en el bien común. Al parecer, el ejercicio del poder para ser placentero requiere de actos que recuerden a los/as ciudadanas/os el respeto reverencial y casi religioso que le debemos al titular. Cualquier acto de rebeldía, por insignificante que sea, es usado como pretexto para reprimir a los descontentos, echando mano a todo el sistema de justicia, cuyos operadores no se cansan de dar señales de incondicionalidad al poderoso, por convicción o por temor de quedar desocupados.

También resulta evidente que, si no hay protestas, desde el poder se organizan marchas, bloqueos y huelgas, especialmente dirigidos contra autoridades que no representan al partido gobernante. La prueba de que vivimos en un Estado del todo vale si beneficia al Gobierno son las agresiones sistemáticas al municipio de El Alto, cuya titular es una mujer que con su presencia ofende al machismo encaramado en el MAS y sus grupos de choque que impunemente ocasionaron la muerte de funcionarios y destrozos en el inmueble edil, así como las huelgas y bloqueos de transportistas, comerciantes y dirigentes vecinales contra el Alcalde de La Paz, demandando se les permita hacer lo que mejor plazca a sus intereses, contando con el apoyo evidente del Gobierno. Siendo así, para qué el bien común o el respeto de los DDHH.