En un nuevo vaivén que a muchos recordó sus amenazas de renuncia cuando asumió el poder luego de la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, el expresidente Carlos Mesa aclaró el jueves que nunca lanzó un desafío al Movimiento Al Socialismo (MAS) para ir a un nuevo referendo que defina una nueva repostulación del presidente Evo Morales.

Asimismo, aseveró que los resultados del referendo constitucional del 21 de febrero del 2016 son “inamovibles”. Sin embargo, sostuvo que “nada” impide al Gobierno convocar a otro referendo, que sería el único mecanismo válido para reformar la Constitución Política del Estado (CPE). "Creo que la voluntad popular expresada el 21 de febrero es una voluntad inamovible y no se debería hacer otros referendo, pero no hay nada que lo prohíba. Y ya que el Gobierno está tan empeñado de decir que no hay que tenerle miedo al voto popular, la única forma de no tenerle miedo al voto popular es con otro referendo". Un día antes, el expresidente afirmó que está de acuerdo con la posición del MAS sobre que “no hay que tenerle miedo al pueblo”, y en ese marco instó al MAS a llamar a un referendo para modificar la CPE y dejar de lado el recurso presentado ante el TCP.

Esa posición fue duramente criticada por los políticos de oposición. La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Norma Piérola rechazó de manera contundente la propuesta del exmandatario porque, en su criterio, no puede haber una nueva consulta acerca de algo sobre lo que el pueblo ya se pronunció. Similar criterio tuvo el jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, quien cerró toda posibilidad de llevar nuevamente a votación el artículo 168 de la Constitución, porque tiene calidad de “cosa juzgada”, pero abrió la posibilidad de llevar a referendo “los tres artículos” que el MAS reclama inaplicables.

Y, aunque después se pronunció en similar sentido, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, no quiso anteriormente formar parte de un pronunciamiento de líderes opositores sobre el tema, argumentando que “consultaría” antes el asunto en una reunión de su agrupación Soberanía y Libertad (Sol.bo). “Aquí tomamos decisiones de manera colectiva y horizontal y esta reunión estaba programada”, sostuvo a tiempo de adelantar que se alejará de los “viejos líderes políticos”.

Declaraciones que luego precisan aclaraciones, críticas intestinas y abandonos prematuros caracterizan a una oposición lamentablemente dividida. Decimos lamentablemente porque en toda democracia —y más en un contexto como el actual— es siempre necesario un contrapeso al poder, sobre todo para fiscalizarlo y no permitirle excesos, cuando no para ofrecer un proyecto alternativo de país. Pero nada de esto último parece existir. Es más, debajo de la —legítima y necesaria— defensa de la Constitución, lo que parece primar en nuestros opositores, como ya lo apuntamos, es un cálculo político con miras a las elecciones del 2019. Deben saber, pues, en sus fueros internos, que en primer lugar no lograrán tener un candidato de consenso, tampoco un claro plan de Gobierno y, en esas condiciones, si la justicia permite una repostulación, no tendrían cómo hacerle frente a Evo Morales, quien muy probablemente ganaría otra elección, aunque cuestionada desde el principio por la maniobra en curso.

Entretanto, continúa siendo el oficialismo el que maneja la agenda nacional, ya sea con sus entregas de obras o con temas incluso contrarios en teoría a sus intereses. Ahí están la carretera por el Tipnis, la despenalización del aborto, la supuesta evasión de impuestos de Samuel Doria Medina o hasta casos de corrupción destapados por el mismo Ejecutivo al interior de sus ministerios. Sobre todos estos temas, nuestros opositores apenas atinan a emitir criterio, muchas veces disperso y hasta contradictorio. Y, por si no fuera ya variopinto el escenario, surgen otras “nuevas” opciones políticas, como acaeció con el relanzamiento del MIR de Jaime Paz Zamora.

Así las cosas, de consumarse las acciones judiciales del oficialismo, a nadie le deberá extrañar una nueva victoria electoral del partido azul.