Opinión Bolivia

  • Diario Digital | jueves, 25 de abril de 2024
  • Actualizado 00:06

Un asunto empresarial

Un asunto empresarial
Las pizzerías están en el ojo de la tormenta. Primero, una en Santa Cruz por lanzar una campaña discriminadora y sexista. Otra a la que nos referimos es blanco de una intensa campaña de sensibilización promovida por Ni Una Menos. En resumen, el movimiento —una vez corroborado el acto violento— publica en su página web una denuncia de violencia ejercida por un empleado en contra de su novia en la puerta de la pizzería donde trabaja, ante la inacción del propietario. La campaña está “orientada a rechazar la tolerancia y/o encubrimiento social ante agresiones machistas y violentas, tanto en espacios públicos como privados”. Y, acorde a su consigna solidaria, “Golpean a una, golpean a todas”, insta a no comprar en un lugar donde no respetan a las mujeres. Su adhesión mostró que cada vez hay menos tolerancia a situaciones de violencia contra las mujeres, pero la indignación de un segmento de la población que consideraba que se dañaba sin razón la imagen de la empresa y a los otros trabajadores, o que defendían al empleado y su derecho a la presunción de inocencia y al trabajo, hizo visible también lo mucho a recorrer para que todos, incluso la empresa privada, aceptemos nuestra responsabilidad para prevenir y luchar contra la violencia de género.

Como país, estamos como siempre en la letra muy adelantados (de su cumplimiento ni hablar). La certificación Sippase inhabilita a cualquier persona para ocupar cargos públicos en caso de tener antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, y lo hace porque esta normativa está en estricta relación con la CEP, la Ley 348 y el Código de Procedimiento Penal. Y, aunque en el ámbito privado no hay todavía nada escrito, considero es hora de que también las empresas asuman su responsabilidad y compromiso contra la violencia de género, y contra cualquier tipo de violencia, encuadradas a la normativa nacional. Uno de los comentarios más lúcidos en el debate suscitado proponía cambiar el concepto de empresa: “Los empleados no son solo fuerza de trabajo y los propietarios no solo están para acumular riqueza y generar empleo”. La decisión de los empresarios de generar valores, de sumergirse en un proceso de cambio social, de la búsqueda de la justicia y de la equidad libre de violencia para mejorar la vida no solo de sus empleados, sino de la sociedad, es parte de la responsabilidad social empresarial.

¿Qué puede hacer una empresa para combatir la violencia contra las mujeres en su ámbito? Primero, considerar, como las instituciones públicas, la presentación de la certificación Sippase, implementar campañas de sensibilización y difusión de material de información, estrategias de tolerancia cero; capacitaciones para empleados y directivos; apoyar y ofrecer servicios de atención para empleadas afectadas por ella; iniciar procedimientos legales contra perpetradores; apoyar las campañas de los movimientos de mujeres y por las que apuntan a construir una cultura de paz. Muchas empresas en el mundo abrazan estas iniciativas porque saben perfectamente que el compromiso por la prevención y la lucha contra la violencia hacia las mujeres no es un gasto sino una inversión. Saben que un mejor ambiente de trabajo, un personal motivado y un sentimiento de seguridad personal tienen efectos económicos positivos. Saben también (y espero sea lección aprendida para la pizzería) que hay una ecuación simple: a mayor compromiso social contra la violencia, mayor aceptación de su público. Por el contrario, a mayor tolerancia con la violencia, mayor el repudio social. Las empresas inteligentes apuestan por una buena reputación en base a personal cualificado técnica y éticamente.