El bullado caso de los Papeles de Panamá estremece desde 2016 al mundo financiero por la ingente cantidad de corruptelas destapadas alrededor del globo. Los medios denominaron así a una masiva filtración de documentos de la firma panameña Mossack Fonseca. Una fuente no identificada entregó unos 2.6 terabytes de datos a un diario alemán, que trabajó en la información con reporteros del Consorcio Internacional Periodistas de Investigación (del que Bolivia no fue parte). De ese modo, se revelaron, entre otros delitos, ocultamiento de propiedades, activos y ganancias; y evasión impositiva por parte de políticos y personalidades. Los implicados contrataban servicios consistentes en establecer compañías inscritas en un paraíso fiscal, a modo de ocultar la identidad de los propietarios.

Las denuncias acaban de salpicar al político y empresario boliviano Samuel Doria Medina. Un representante de la empresa mexicana Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) implicó el lunes al líder de la opositora Unidad Nacional (UN) en una trama de supuesta evasión de impuestos, dentro de una investigación parlamentaria a firmas locales que figuran en los Papeles de Panamá. El representante de GCC, Sergio Sainz, dijo a los legisladores de nuestro país que investigan el caso que el monto por la venta en 2005 de cerca de la mitad de la cementera Soboce, que era participada por Doria Medina, fue "sustancialmente mayor" al reportado a las autoridades, aunque no precisó cifras, informó EFE. Según un comunicado del Senado, Sainz también indicó que Doria Medina solicitó la intermediación en La Paz de la empresa panameña Akapana para la venta de las acciones de Soboce. "Sí se incluyó y fue a solicitud del señor Samuel Doria Medina y los demás accionistas de la Compañía de Inversiones Mercantiles S.A. (CIMSA), el accionista mayoritario de Soboce", manifestó Sainz.

En noviembre, el vicepresidente Álvaro García Linera acusó a Doria Medina de haber usado la empresa panameña Akapana para esconder ganancias por la venta de cerca de la mitad de Soboce a GCC, con el propósito de evadir impuestos. García Linera sostuvo entonces que Doria Medina vendió en 2005 un 46.5 por ciento de la firma Soboce a Cementos de Chihuahua, con una ganancia de 43 millones de dólares, de los que reportó ante las autoridades solo 11.5 millones. Según la denuncia, el opositor usó a Akapana para vender las propias acciones baratas, revenderlas a los mexicanos y de este modo evadir impuestos en Bolivia, ocultando una ganancia de alrededor de 31.3 millones de dólares.

El acusado rechazó en Twitter la versión de los mexicanos, a quienes acusó de querer "generar líos para no pagar" los 36 millones de dólares que deben a CIMSA dentro de un arbitraje ganado por el consorcio boliviano. "Comisión congresal sigue el juego a empresa extranjera que perdió arbitraje, se niega a pagar y se alía con oficialistas para acusarnos".

Ahora bien, dos cosas nos llaman la atención del asunto. En primer lugar, la reacción de los acólitos de Doria Medina, tan acostumbrados a la denuncia de supuestos actos de corrupción gubernamental, así como a la crítica por la inacción antes las mismas. “Este no es el tema, lo que quiere el Gobierno es distraer el tema principal, y cuál es el tema, es violar la Constitución y repostularse indefinidamente; no pueden vendernos de ese modo sus noticias, aquí hay otra intención”, indicó a El Deber el senador Arturo Murillo (UD). ¿No sería mejor, como legislador que es, involucrarse en las investigaciones, a fin de además probar la inocencia de su jefe político?

Por otro lado, es tan interesante como lamentable que, debido a su crisis estructural, no sea el periodismo nacional sino el propio Gobierno el que viene destapando grandes casos de corrupción. Ya sea para investigar a oficialistas u opositores, ciertamente los medios del país hemos dejado de ser la vanguardia ciudadana de fiscalización a gran escala. Las razones para ello son una tarea pendiente de reflexión.