Cochabamba, Bolivia, Miércoles 13 de septiembre de 2017
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Los malos del uniforme

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Por: Leonardo Ricciardino | 13/09/2017 | Ed. Imp.
El giro de las causas que involucran a casi medio centenar de policías santafesinos da cuenta no solo de la corrupción enquistada en la fuerza sino también de la crueldad y el cinismo con el que ese sector -al que el gobernador Miguel Lifschitz definió como la excepción y no la regla- se dedica a resolver y encubrir sus más severas atrocidades. El mal de muchos, dicen, es el consuelo de los tontos pero es claro que ni la provincia de Santa Fe, ni el gobierno nacional han logrado resolver satisfactoriamente el problema de las fuerzas de seguridad adecuadas al estado de derecho y totalmente subordinadas al poder político y judicial.

El juez federal Carlos Vera Barros llamó a indagatoria a 21 de los casi 30 policías involucrados en la desaparición forzada seguida de muerte del joven Franco Casco. Lo que el fiscal de la causa presume es que a Casco lo golpearon hasta la muerte y luego arrojaron su cuerpo al río Paraná, hace más de dos años.

El joven oriundo de Florencia Varela en la provincia de Buenos Aires estaba de visita en Rosario en casa de unos parientes en Empalme Graneros. Nadie sabe bien por qué apareció detenido en la seccional 7. Lo que sí se conoce ahora es que de allí salió muerto para aparecer 22 días después flotando en el río. Como en el caso de Santiago Maldonado, la primera reacción del gobierno de Antonio Bonfatti en aquel momento fue la de creerle más a la Policía que los familiares de la víctima. Cuando la cuestión se hizo muy evidente, cesaron las operaciones que indicaban que a Casco lo habían visto caminando, merodeando una iglesia evangélica y otros despistes por el estilo. El Defensor Público de la provincia de aquel entonces forcejó para llevar el caso a la justicia federal como desaparición forzada de personas. Gabriel Ganón fue llamado loco, conspirador, mentiroso y muchas cosas más hasta que terminó eyectado de su cargo. Más allá de las diferencias que se puedan tener con el estilo del exfuncionario, lo cierto es que en este caso y en otros pujó contra un sólido entramado policial, judicial y político que apostaba más a la oscuridad que a la búsqueda de la verdad.

Hoy se conocen detalles (y se van a conocer muchos más) de la crueldad con que los policías de la comisaría 7 trataron a este joven de condición muy humilde, como su madre que falleció antes de ver la justicia que clamaba para su hijo. Su padre aún vive en Rosario y está desempleado.

No es un detalle menor que se llegue a condenas efectivas en estos casos. No solo para los familiares de las víctimas que las piden porque las necesitan para seguir con sus vidas; sino también para la sociedad. Una ciudad, una provincia, un país no se miden tanto por las cosas graves que puedan pasar sino de la manera que las resuelve. Sociedades del primer mundo enfrentan corrupción, asesinatos, atentados. La diferencia está en que en países centrales estos asuntos se resuelven de inmediato. Los responsables terminan en la cárcel o muertos casi de inmediato. Casi no quedan crímenes impunes o sin saber lo que realmente pasó.

En ese marco, el gobierno de Lifschitz tiene para destacar que ese casi medio centenar de policías imputados de crímenes horrendos, están a disposición de la justicia y que desde el Ejecutivo actual se dejó actuar en libertad a la justicia. Pero por el otro lado, debe comenzar a hacerse significativas preguntas respecto del rumbo de la fuerza policial (...)

Tomado de Página12


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