El vecino que provocó daños a la infraestructura del templo San Juan de Dios de 327 años, se comprometió a pagar las restauraciones y dio como un adelanto la suma de 30 mil dólares.

La estructura quedó dañada luego de que el propietario de una construcción aledaña comenzara la excavación para construir un bloque en la parte trasera de la propiedad causando fisuras por el desplazamiento del terreno.

El propietario del bien firmó un compromiso con el Arzobispado de Cochabamba informó Gustavo Siles, jefe del Departamento de Patrimonio Territorial del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.

La arquitecta Patricia Dueri, especialista en patrimonio, calculó que la reparación tendrá un costo entre 300 mil a 500 mil dólares.

Señaló que antes de realizar los trabajos, se debe diseñar un proyecto de restauración que proponga un diagnóstico con el relevamiento de todas las patologías (daños) del edificio, y un estudio estructural detallado del comportamiento de toda la construcción, además de un análisis de suelos y resistencia a materiales. “Esto cuesta 20.000 dólares como mínimo”.

A ese monto se debe sumar, según la apreciación de la experta, la reparación de los daños ocasionados con el movimiento de tierras, lo que sumaría hasta más de 300.000 dólares. La experta concluyó afirmando que sin la elaboración de un proyecto de restauración no se puede intervenir el templo, y que “solo lo dañaría más, porque se estaría improvisando”.

Uvaldo Romero, director de Culturas de la Gobernación, señaló que lo que corresponde a esta institución es solicitar un informe pormenorizado al municipio, para conocer los detalles de esta intervención y a partir de eso determinar las acciones a seguir.

Romero también señaló que, al ser un monumento nacional debido a la antigüedad de la construcción, corresponde la intervención del Ministerio de Culturas y Turismo, que ya está informado de la situación. Según Romero, entre las tres entidades, Ministerio, Gobernación y Municipio deben coordinar acciones para que las medidas tomadas sean las mejores para la preservación del patrimonio, “y no perjudiciales, como ya se ha visto en algunos casos anteriores”, afirmó.

Por lo pronto, la mañana de ayer, técnicos especializados de la Gobernación realizaron una evaluación a los daños registrados en el templo. En dicha inspección se evidenció la existencia de fisuras por desplazamiento de muros, debido al movimiento que hubo producto de la excavación del edificio contiguo.

“Hemos visto que ya han colocado testigos (indicadores de desplazamiento), lo que nos va a dar una información para ver si el movimiento sigue activo”, dijo la arquitecta Shirley Céspedes James, experta en patrimonio de la Gobernación. Dijo que es urgente hacer un registro de las patologías e intervenciones preventivas.

Con todo lo observado, Céspedes señaló que en el marco legal establecido en la Constitución Política del Estado, el Decreto Supremo No. 5918 y la Ley 530 del Patrimonio Cultural Boliviano, “corresponde realizar un proyecto de restauración que contemple un estudio de estructura y suelos”.

La especialista de la Gobernación también señaló que, tras la inspección de ayer en la mañana, se está desarrollando una evaluación para emitir un criterio técnico certero, para que el proyecto de restauración se elabore con toda la información pormenorizada que requiere la intervención en un inmueble patrimonial con valor histórico.

Los daños ocasionados a la construcción de 1690 provocaron protestas de estudiantes de Arquitectura y de la misma defensora del patrimonio Patricia Dueri la jornada del miércoles.

Gustavo Siles señaló que se realizan trabajos de inspección constantes al templo, desde que el 17 de julio se diera la alarma de daños en la estructura. “Inmediatamente se suspendieron las obras de construcción”. La última inspección que su unidad realizó fue la semana pasada, el 31 de agosto.

Sobre la denuncia de que la edificación vecina, que también se trataba de inmueble patrimonial, había sido demolida, el arquitecto Siles explicó que no se trató de una demolición, sino que, de acuerdo a los documentos presentados por el propietario, se autorizó una reconstrucción del inmueble, que respete la arquitectura original, y que la propuesta incluía, además, la edificación de un bloque en la parte posterior. “Lamentablemente hubo un movimiento estructural del terreno, por un mal estudio de suelos”, dijo el funcionario. El proyecto de construcción aprobado por la Alcaldía prevé la instalación de galerías comerciales en el inmueble.

Además de suspender las obras en ese terreno vecino, se realizó un apuntalamiento preventivo en el lugar de riesgo.

Siles, al momento de mostrar toda la documentación correspondiente, señaló que las autorizaciones se otorgan después de que los interesados presenten un estudio de suelos avalado por el Colegio de Ingenieros Civiles, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. El estudio presentado con las visas de ambas instituciones decía que el suelo tenía una resistencia que daba la confiabilidad necesaria para autorizar los trabajos. Sin embargo, tras el colapso, “nosotros hicimos el estudio y nos dio un resultado distinto, mucho más bajo”, señaló Siles.

Historia

Martín Hernández de Carmona donó el predio en 1572, para construir el primer hospital y cementerio de la Villa de Oropeza. Se edificó en 1690.