Opinión Bolivia

  • Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
  • Actualizado 14:50

Choferes, abusos y restricción vehicular

Acciones. <BR>Las amenazas de los transportistas están por demás. Es hora de que las autoridades asuman acciones correctivas y equitativas, de manera que la ley se aplique para todos.<BR>
Choferes, abusos y restricción vehicular
Con marchas, amenazas y abusos, los transportistas pretenden impedir que las autoridades municipales los incluyan dentro de la restricción vehicular, que hasta ahora solo es cumplida por vehículos particulares y los radiotaxis.

Es una pena que acudan a medidas de presión para seguir siendo los “privilegiados”, cuando es de conocimiento público que los vehículos del transporte público son los que más contaminan la ciudad.

En reiteradas oportunidades, varias instituciones ambientalistas, incluidas las autoridades de la Alcaldía, han señalado que el 90 por ciento de la contaminación es producida por ese sector.

Por tanto, en lugar de protestar y agredir con piedras a sus propios colegas que no fueron a la marcha de ayer, los choferes deberían reflexionar el daño que están haciendo sus vehículos a la población y a sus propias familias que respiran un aire contaminado.

Es verdad de que si acatan la restricción vehicular, dejarán de trabajar al menos cuatro días al mes. Pero, ¿por qué no pueden hacer un esfuerzo, así como lo hacen sus colegas de La Paz, para que todos los cochabambinos, incluidos ellos y sus familias, respiremos un aire menos contaminado?

Asimismo, si aceptaran y no se opusieran como lo están haciendo ahora, acudiendo incluso a amenazas en contra de los dirigentes de la Asociación de Radio Móviles Cochabamba (Aramco) que plantean la ampliación de la restricción vehicular, comprobarán que al suspender a un cierto número de carros de transporte público un solo día a la semana, el tráfico también mejorará. ¿Por qué no ver el lado positivo de la propuesta?

Sería interesante que los dirigentes tanto del llamado transporte federado como del libre hagan una correcta lectura de lo que opina parte de la población cochabambina.

Solo basta ver las redes sociales o preguntar a la gente qué opina sobre la posición de los transportistas, para darse cuenta que existe molestia no solo contra los choferes sino también contras las autoridades municipales que no toman la iniciativa de modificar la norma y aplicar la “restricción vehicular universal”.

No es posible que algunos concejales consultados por este medio de comunicación manifiesten que deben esperar la iniciativa ciudadana que anunciaron presentar los de Aramco para tratar el tema, o que debe existir suficiente respaldo técnico para ver si podrían aprobar o no la modificación de la norma.

Sin embargo, hay que destacar que también hay concejales que apoyan la ampliación de la restricción vehicular a transportistas del sector público. Esperemos que los que manifestaron su respaldo, ratifiquen su posición cuando el tema sea abordado en el Órgano Deliberante y que el alcalde José María Leyes pida a los ediles de su partido aprobar la norma sin reparos.

Sería muy cuestionable que las autoridades municipales retrocedan por las posibles medidas radicales que los dirigentes de los choferes anunciaron que asumirán para evitar ingresar a la restricción.

“Si Aramco dice que tomará el Concejo para que aprueben la norma, nosotros vamos a tomar Aramco y el Concejo si es posible”, dijo José Orellana, máximo dirigente de los federados, y anunció más medidas de presión para los próximos días.

Las amenazas están por demás. Es hora de que las autoridades asuman acciones correctivas y equitativas, de manera que la ley sea igual para todos.

También comprendan que los transportistas no son ningunos “ángeles” y que desde hace tiempo gozan de muchos beneficios a diferencia de la ciudadanía.

Sin ir lejos, los transportistas del sector público tienen sustanciales rebajas impositivas. Asimismo, no se someten a controles estrictos como lo hacen los particulares cuando se realiza la inspección técnica vehicular.

Los transportistas deben dejar de ser un sector privilegiado y cedan al pedido de la población.