Una coalición de dieciséis fiscales generales de EEUU retaron ayer en una corte federal de Nueva York la decisión de la administración del presidente Donald Trump de poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), que beneficia a más de 800.000 jóvenes inmigrantes en el EEUU.

Los fiscales han argumentado que la decisión anunciada por el fiscal general del país, Jeff Sessions, viola los derechos del debido proceso y afecta a los residentes, instituciones y economías de los estados.

Argumentaron además que poner fin al DACA, creado en 2012 por orden ejecutiva del presidente Barack Obama, viola la cláusula de igual protección de la Constitución por discriminar a los mexicanos, que representan el 78 por ciento de los que se benefician de la iniciativa.

Según la demanda, presentada por los estados de Nueva York, Massachusetts, Washington, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y el distrito de Columbia, la medida tiene la intención "de castigar y menospreciar gente de raíces mexicanas".

Sessions anunció el martes que el programa, que ha evitado la deportación de miles de jóvenes indocumentados y les ha permitido estudiar, trabajar, obtener licencias de conducir y viajar legalmente finalizaría dentro de seis meses, periodo en que la administración de Trump espera que el Congreso presente una propuesta.

Eric Schneiderman, fiscal general de Nueva York reiteró al anunciar la acción legal que la decisión de la administración Trump fue "discriminatoria".

Aporte

El 97 por ciento de los beneficiarios de DACA trabaja o va a la escuela, pagan unos 140 millones de dólares en impuestos.

“Te deportan encadenada de pies y manos”

María fue deportada de Estados Unidos a México y no quiere que su hija, inscrita en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) pase por el mismo proceso. “Lo traen a uno de cárcel en cárcel en situaciones horribles", dijo a BBC Mundo. "Prácticamente todas las personas deportadas son encadenadas de pies, manos y cintura durante los traslados, que pueden durar hasta 12 horas”, indicó.

"Yo no quiero que mi hija pase por el infierno que viví, el trauma que le dan a uno allá antes de deportarlo y el trauma de llegar a nuestro país que no está preparado para recibirnos", dijo.

El presidente de la Asociación Americana de Psicología, Antonio E. Puente, informó a EFE que la supresión del DACA dejará un daño psicológico a corto y largo plazo a los jóvenes indocumentados que podrían experimentar frustración y depresión al sentirse rechazados por un país que consideran suyo.

La Cancillería de Bolivia emitió un comunicado señalando que “no escatimará en esfuerzos y acciones necesarias para brindar la protección consular a los jóvenes connacionales que se vean afectados con esta medida”.