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  • Diario Digital | martes, 23 de abril de 2024
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Candidato al TCP fue miembro del Tribunal que sentenció en caso misiles

Candidato al TCP fue miembro del Tribunal que sentenció en caso misiles

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, ahora candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional, participó del Tribunal de Juicio de Responsabilidades en el caso de la desactivación de misiles chinos entregados a Estados Unidos.
Hurtado renunció al cargo de magistrado poco después que la Asamblea Legislativa Plurinacional lo preseleccionó entre los aspirantes al Tribunal Constitucional Plurinacional, su renuncia es un requisito constitucional.
El exmagistrado antes de su renuncia, sentenció a los involucrados en el caso misiles chinos, junto con sus colegas Antonio Guido Campero Segovia, Jorge Isaac Von Borries Méndez, Rómulo Calle Mamani, Rita Susana Nava Durán y Fidel Tordoya quien expresó voto "disidente".
Fue elegido el 2011 como miembro del Tribunal Supremo de Justicia, por el departamento de Beni, en las primeras elecciones para altas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional.
El 2013, cuando Hurtado presidía el máximo tribunal de justicia en el país, cinco de sus colegas le solicitaron su renuncia, entre ellos Jorge von Borries, bajo el argumento que después de la posesión de las altas autoridades no había cambios y la situación de la justicia no había sufrido modificaciones.
El presidente Evo Morales este miércoles anunció que tras un análisis jurídico a la sentencia del TSJ, corresponde un juicio de responsabilidades contra los magistrados que dictaron entre 2 y 3 años de cárcel en contra de los involucrados que entregaron los misiles desactivados a Estados Unidos.
Por su parte, el expresidente Carlos Mesa también interpuso una demanda de juicio de responsabilidades contra cinco de los seis magistrados que participaron en la sentencia, no incluye a Tordoya porque habría sido "disidente" en la sentencia.
El exmandatario sostiene ilegal que los magistrados al final de su sentencia requirieron al Ministerio Público que abra una investigación en su contra por un decreto supremo vinculado al acceso a la información.