Morales, con las leyes en mano, recordó que el delito de traición a la patria, a la que incurrieron los involucrados en el caso de los misiles chinos según su percepción, tiene una pena de 30 años de cárcel. Sin embargo, el TSJ determinó una pena de tres años de prisión para ocho de los 10 implicados y en la audiencia quedó establecido que no  se halló culpable a ninguno de los acusados por revelación de secretos militares ni de sometimiento a dominio extranjero.

La sentencia resolvió tres años de cárcel para Marcelo Antezana, Marco Antonio Vásquez, Gonzalo Méndez y Marco Antonio Justiniano, los dos últimos en rebeldía. Mientras, que Víctor Hugo Cuéllar Balcazar fue condenado a dos años y seis meses, en tanto que David Torricos Vargas y Wilbert Sánchez Sánchez fueron sentenciados a dos años. Entretanto, fueron absueltos Ernesto Caballero Ustariz y Gonzalo Rocabado. Ciro Valdivia Murguía se sometió con anterioridad a un proceso abreviado y fue condenado a dos años de cárcel.

Este hecho fue repudiado por el primer mandatario, que aseguró que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo fue “un insulto a la población”.

En la conferencia, Morales señaló que el militar Marcelo Antezana, uno de los implicados en el caso, confesó que “por instrucción de los Estados Unidos hubo la desactivación de los misiles chinos (…)el carácter secreto e inviolable del material bélico deriva del hecho de que su incidencia de revelación pone en riesgo la seguridad nacional”, dijo.

“El TSJ no toma en cuenta el delito de traición a la patria y subvención al extranjero”, reclamó Morales.

Con papeles en mano, Morales recordó también que, según la ley, el delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado o a las leyes será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años; asimismo, rememoró que el delito de prevaricato establece que la jueza o el juez manifieste resoluciones contrarias a la ley será sancionado con privación de 5 a 10 años

“La sentencia es claramente contraria a la Constitución (…) dada las contradicciones, corresponde un juicio de responsabilidades a estas autoridades del TSJ. He pedido una evaluación jurídica del Gabinete y voy a pedir al Ministro de Defensa que se inicie un juicio de responsabilidades al TSJ”, aseveró.

Y agregó que “no entiendo como algunos juristas pueden ser cómplices de la traición a la patria. Estoy convencido que aquí ha habido mucha plata, no tengo pruebas, pero estoy convencido”, aseguró.

Además, aclaró que el ex presidente de Bolivia, Carlos Mesa, no tiene responsabilidad sobre este caso.

El juicio de responsabilidades comenzó el 6 de abril de 2015 en contra de exautoridades de las Fuerzas Armadas y del Estado que fueron acusadas por los delitos de sometimiento total y parcial de la nación a dominio extranjero, revelación de secreto, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, por haber entregado armas de los bolivianos a una potencia extranjera.