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  • Diario Digital | viernes, 29 de marzo de 2024
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Identifican a 50 personas vinculadas a la privatización

Samuel Doria Medina “aparece en varios momentos de la investigación”, según el diputado Zabaleta.
Identifican a 50 personas vinculadas a la privatización



El presidente de la Comisión Especial Mixta de Investigación del Proceso de Privatización y Capitalización de las Empresas Públicas, el diputado Javier Zabaleta, informó ayer que se identificaron a 50 personas que formaron redes de poder, para beneficiarse del proceso de enajenación de empresas públicas entre los años 1985 y 2005.

"Se ha identificado alrededor de 50 personas entre grupos empresariales, familiares y políticos que tejieron redes de poder para hacerse con las empresas enajenadas a precio de gallina muerta", indicó a los periodistas, según la agencia de noticias ABI.

Zabaleta dijo que entre esas personas figuran funcionarios como el exministro de Planeamiento y Coordinación, Samuel Doria Medina, en la gestión de Jaime Paz Zamora.

"Doria Medina aparece en varios momentos, como en el caso de la cementera El Puente, en la transacción de Fancesa que se va a Soboce y cuando se habla del Banco del Estado, y en otros decretos donde firma como ministro de Planificación", señaló.

PROCESOS Agregó que una vez que se concluya la investigación existen dos opciones para esos casos: iniciar un proceso penal o uno administrativo, último que por el tiempo que transcurrió podría haber prescrito.

"Para eso el equipo jurídico está evaluando en qué casos correspondería un proceso penal y en cuáles otros administrativos", indicó.

La comisión legislativa investiga la privatización de empresas públicas en los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, Jaime Paz Zamora, Hugo Banzer y otros. El objetivo, según Zabaleta, es conocer la magnitud del daño que se causó al Estado e identificar y procesar a los responsables de entregar las empresas públicas a intereses privados e internacionales.

5 Años

El Gobierno investiga, desde hace más de cinco años, la privatización y capitalización de las empresas estatales con el objetivo de determinar el alcance de los daños e identificar y procesar a los responsables.