Durante el proceso de admisión 2017, un total de 224 estudiantes migrantes quedaron fuera de la gratuidad universitaria pese a cumplir con todos los requisitos, excepto uno: La permanencia definitiva.
La situación se pudo revertir gracias a la coordinación entre organizaciones pro-migrantes, el Mineduc y el departamento de extranjería, quienes tramitaron el documento de 170 alumnos en tiempo récord.
Normalmente, el permiso de residencia demora en promedio siete meses en emitirse, por lo que el Movimiento de Acción Migrante, el Servicio Jesuita a Migrantes y la Mesa Intercultural de Antofagasta enviaron una carta al Mineduc para tomar los resguardos en el proceso de admisión 2018.
En la misiva, las organizaciones acusan que "hoy podría suceder que un chico o chica con excelentes notas, habiendo cumplido con la asistencia exigida para ser promovido y habiendo cursado la enseñanza media en Chile, se vea privado de ejercer un derecho que se asigna de acuerdo a un criterio socioeconómico, sólo por el hecho de ser extranjero e hijo de padres en situación migratoria irregular".
"Es el Estado el que les ha fallado a estos jóvenes al haber incumplido todos los Convenios Internacionales que obligan a Chile a proteger a todos los niños por igual, al haber dejado a este grupo en una situación de vulnerabilidad mayor que aquellos que son hijos de migrantes regulares", añaden.