Adalberta A.V. podría convertirse en una nueva víctima de la mala administración de justicia en Bolivia. Ella es una mujer de 35 años que fue golpeada varias veces por su expareja, Carlos Armando Q.R., a quien denunció por violencia en octubre de 2016. El caso avanzó muy lentamente y el hombre recién fue imputado, pero la Fiscalía pidió por escrito que no sea encarcelado. A 10 meses de la denuncia, la audiencia cautelar no se llevó a cabo todavía.

En abril de este año, Carlos Armando Q.R. denunció que Adalberta, de quien ya estaba separado desde el año pasado, había ido a su casa en Villa Loreto a golpearlo con una piedra y presentó las declaraciones de cuatro personas como prueba, además de un certificado médico particular que decía que tenía una fractura en el brazo. La Fiscalía le creyó, homologó el certificado y notificó de la denuncia por cédula a Adalberta, en su casa de la avenida Circunvalación kilómetro 7, que queda en el barrio Ferroviario, en Huayllani.

Una testigo vio a personeros de la Fiscalía pegando la notificación en la vivienda, pero a los 5 minutos el papel ya no estaba y sospechan que gente interesada en que Adalberta no se presente la quitó a propósito. La Fiscalía ordenó la aprehensión de Adalberta. Ella presentó 10 testigos que aseguran que el día en que supuestamente ella golpeó a su expareja, en realidad estaba en su casa del barrio Ferroviario cocinando y celebrando su cumpleaños. La Fiscalía no valoró esta prueba y pidió la detención preventiva de la mujer que fue conducida a la cárcel de San Sebastián. En su denuncia, Carlos Armando Q.R. asegura que Adalberta representa un peligro para su vida. Sin embargo, se probó que es él quien va a la cárcel a pedir visitas conyugales y a intimidarla. La defensa de Adalberta dice que probará que la denuncia de Carlos Armando es falsa y fue una venganza por la demanda que ella presentó primero.

Ayer se llevó a cabo una audiencia para apelar la detención preventiva de la mujer. Los vocales de la Sala Penal Segunda decidieron mantener detenida a Adalberta, argumentando que hay una contradicción, pues en su declaración ella dijo que vive en la avenida Circunvalación y en el registro domiciliario se menciona el barrio Ferroviario y Huayllani.

Vanos fueron los intentos de explicar que se trata de la misma dirección domiciliaria y que existen dos niñas de 7 y 10 años que han quedado desamparadas luego de la injusta detención de su madre, que es pilar vital de esa familia, por lo que la detención preventiva no debería proceder (según una sentencia constitucional). En otro caso, del policía acusado de tentativa de feminicidio Humberto P., los mismos vocales validaron la dirección señalada por el imputado, pese a que él ni siquiera presentó registro domiciliario. El colectivo Mujeres de Fuego cuestionó que no se aplique la justicia de igual forma para todos y advirtió con movilizaciones.