Nada más emitirse anoche la decisión contra la ley, el gobernador de Texas, Greg Abbott, y su fiscal general, Ken Paxton, anunciaron que recurrirán inmediatamente ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito para reinstaurar la legislación, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de septiembre.

Fuentes judiciales dijeron hoy a Efe que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito aún no ha recibido el recurso.

El juez que tomó ayer la decisión es Orlando García, un magistrado hispano que llegó a la Corte del Distrito Oeste de Texas gracias al expresidente demócrata Bill Clinton en 1994 y que, anteriormente, entre 1983 y 1991, ocupó un escaño en la Cámara de Representantes estatal.

En un fallo de 94 páginas, García decidió bloquear temporalmente algunas partes de la ley, conocida como "SB4" y que pretendía prohibir la existencia de "ciudades santuario" al penalizar a las autoridades locales que se negaran a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En concreto, la ley impone multas de entre 1.000 y 25.000 dólares a los agentes de las policías locales que se nieguen a colaborar con el ICE y determina que los miembros de los Gobiernos locales podrían ser destituidos, mientras que los alguaciles podrían ir a la cárcel hasta un año.

García consideró que hay partes de la ley que pueden ser inconstitucionales y, por eso, decidió bloquearla mientras estudia a fondo algunos de sus puntos más conflictivos.

En un comunicado, Abott consideró que la decisión "hace a las comunidades de Texas menos seguras" y pone en libertad "a los miembros de pandillas y criminales peligrosos".

De esa forma, Abott arremetió contra una de las políticas más conflictivas de las "ciudades santuario", donde la policía local se niega a informar al Gobierno del estatus migratorio de sus detenidos y les pone en libertad sin informar a los agentes migratorios, una decisión que supuestamente permite escapar a personas con antecedentes.

"Esta decisión será recurrida inmediatamente y estoy seguro de que la ley de Texas se considerará constitucional y que, en última instancia, se mantendrá", dijo Abott.

En ese sentido, el fiscal Paxton afirmó que "Texas tiene la autoridad soberana y la responsabilidad de proteger la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos", por lo que se mostró confiado en que la ley sea declarada constitucional por la corte de apelaciones y, si es necesario, ante el Tribunal Supremo.

Efectivamente, la polémica podría llegar hasta el Tribunal Supremo, que ya en 2012 falló parcialmente contra una ley de Arizona, conocida como "SB 1070", al considerar que era inconstitucional dirigirse contra un grupo en concreto, la comunidad hispana.

La iniciativa de Texas ha sido comparada, precisamente, con la ley "SB 1070", que otorgaba facultares a la policía local para cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona, incluso durante una parada de tránsito.

Esa idea, conocida como "Muéstrame tus papeles", no fue anulada por el Tribunal Supremo en 2012 y es uno de los pilares de la ley texana.

No obstante, grupos, como la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), se han mostrado optimistas y creen que tendrán éxito en las cortes porque están enfocando el desafío legal de una manera innovadora haciendo alusión a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión.

Los demandantes afirman que Texas está violando la Primera Enmienda porque obliga a las autoridades locales a respaldar el punto de vista de Texas sobre el sistema migratorio.

Entre los demandantes se encuentran los jefes de policía y los Ayuntamientos de Austin, Dallas, Houston y El Paso, ciudades de gran tamaño de Texas y todas ellas gobernadas por alcaldes demócratas.

"Feliz de saber que un juez federal ha bloqueado la ley de Texas que convertía a la policía local en agentes fronterizos. Los necesitamos para luchar contra el crimen", dijo en Twitter Sylvester Turner, el alcalde de Houston, ciudad que ha sufrido grandes inundaciones por la tormenta Harvey.

El Caucus Nacional de Legisladores Estatales Hispanos (NHCSL), que representa a 400 legisladores estatales del Partido Demócrata y Republicano, también celebró el bloqueo de una ley "desastrosa" y "contraria a los principios del Estado de Derecho", según dijeron hoy en un comunicado.

Texas es el segundo estado con mayor población hispana y se calcula que es hogar de 1,6 millones de inmigrantes indocumentados.