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  • Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
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DESDE AFUERA

Brasil busca impedir el "dinero sucio" en comicios pero no halla la fórmula

Brasil busca impedir el "dinero sucio" en comicios pero no halla la fórmula
Las llagas abiertas por los escándalos de corrupción en Brasil mantienen en jaque al sistema político, que ahora busca redimirse con una reforma legal que impida el dinero "sucio" en campañas electorales pero garantice su financiación.

El asunto es objeto de profundos debates parlamentarios desde que hace poco más de tres años se destapó la olla de la corrupción en la estatal Petrobras, que ha salpicado a decenas de partidos políticos y empresarios privados, y mermado la poca confianza que la sociedad ya tenía en sus dirigentes.

Las discusiones sobre una reforma política se aceleraron en las últimas semanas en el Parlamento, sobre todo porque según las leyes brasileñas solo estará en vigor para las elecciones presidenciales, legislativas y regionales previstas para octubre de 2018 si fuera aprobada un año antes.

Uno de los asuntos centrales del debate es la financiación de las campañas, que, según ha comprobado la Justicia, en los últimos años han sido alimentadas con dinero de la corrupción obtenido mediante complejas tramas ilegales tejidas por el sector público y privado.

Una reforma aprobada en 2015, al calor de los primeros grandes escándalos en Petrobras, vetó la financiación por parte de empresas privadas a fin de impedir la práctica de la llamada "Caja B", la irregularidad más expandida en los procesos electorales en Brasil.

Si bien complació a la sociedad, esa alteración se ha convertido en un arma de doble filo para la clase política, pues ha limitado las fuentes de financiación para las próximas presidenciales.

La pasada semana, la Cámara de Diputados discutió una propuesta que pretendía reparar eso con la creación de un fondo público de 3.600 millones de reales (unos 1.125 millones de dólares), equivalentes al 0,5 por ciento de los ingresos del Estado calculados para 2018, que sería usado para financiar a los partidos en sus campañas del año próximo.

Esos recursos se sumarían al llamado "Fondo Partidario", con que el Estado financia la actividad de los partidos políticos y que hoy cuenta con unos 800 millones de reales (250 millones de dólares) por año. Esa iniciativa, propuesta por el diputado Vicente Cándido, del opositor Partido de los Trabajadores (PT), fue rechazada en forma categórica por organizaciones de la sociedad civil, que manifestaron su firme negativa a que "los impuestos financien a los políticos".

El Movimiento Vem Pra Rua (Ven a la calle), que promovió en 2015 las grandes manifestaciones contra la corrupción que dejaron herida a la entonces presidenta Dilma Rousseff, destituida en 2016, incluso ha convocado a protestas para el próximo domingo contra ese fondo.

Frente a tal reacción, la Cámara de Diputados acordó archivar la propuesta del diputado Cándido, pero aún intenta hallar una fórmula que permita una amplia financiación pública de las campañas, que de otro modo debería ser asumida por los propios partidos.

El presidente de la Cámara baja, Rodrigo Maia, ha admitido que, si no se encuentra otra alternativa, para las elecciones de 2018 solo se podrá contar con el "Fondo Partidario", insuficiente de acuerdo a los costes declarados en las últimas campañas.

En el proceso electoral de 2014, solo la campaña de Rousseff, que fue reelegida en esos comicios, gastó el equivalente a la mitad del dinero que tiene hoy ese fondo, que se distribuye proporcionalmente entre la treintena de partidos políticos que existen en el país, de acuerdo a sus niveles de representación parlamentaria.

Tomado de la agencia EFE