Dos expresidentes de la FBF, en la mira por Bs 37 millones
Durante las gestiones de los expresidentes Marco Ortega y Rolando López al frente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) existen 37 millones de bolivianos que no cuentan con respaldo documentado. El monto es de 2015 y 2016. Esto, de acuerdo con la presentación de la auditoría externa realizada ayer por la contadora pública Jazmín Grájeda, quien formó parte de la comisión que llevó adelante el proceso, concretado por primera vez en el ente federativo.
Se auditaron 52 millones de bolivianos de las dos gestiones: 31 millones corresponden a montos sin respaldo y 21 millones a viáticos y pasajes. De esta última cifra, 5.9 no tiene ningún descargo.
“Esta deuda es el resultado de que el ente no tiene suficiente documentación de respaldo de sus gastos. Los registros contables por pasajes y viáticos, que suman 5.9 de los 21 millones de los importes que ha tenido la Federación en el tramo auditado, no tienen documentación completa y, además, no se cuenta con personal para el manejo de los inventarios de la Federación”, manifestó Grájeda.
En concreto, el pasivo total de gastos que carecen de justificativo, según la auditoría, es de Bs 37.024.366.
Es la primera vez que se hace una auditoría externa en la FBF y esto se dio luego de una exigencia colectiva, que fue impulsada por el expresidente Marco Peredo.
SIN FIRMA La auditora denunció que las transacciones que sí contaban con el apoyo de un recibo o factura se encontraban sin las firmas de quienes realizaron los pagos mediante cheques, lo cual “dificultó mucho” su trabajo.
Detectó que los documentos señalados tenían nombres de personas particulares, lo cual “atenta contra la norma y el manejo prolijo de la institución”.
Reveló que la FBF no posee un Plan Operativo Anual (POA), ni un organigrama, ni un manual de funciones, ni un reglamento interno para sus trabajadores.
17 DÍAS PARA DESCARGOS Grájeda informó que Ortega y López podrán presentar sus descargos hasta el día del Congreso de la Federación, pactado para el 15 de septiembre. De esta forma, ambos cuentan con 17 días para justificar sus gastos.
DESENCUENTRO También estuvo presente Víctor Hugo Pérez, quien fungió como asesor legal de la Federación en las gestiones auditadas. El Tesorero de a FBF, Clíver Rocha, antes de que se iniciara la exposición, le dijo: “Por favor, váyase”, a lo que el dirigente cruceño replicó: “Esta es una actividad pública y no existe motivo para irme”. Pérez se quedó y la presentación inició a las 11:10.
“TIENDA DE DOÑA LUCHA” “Esto confirma que la Federación se maneja como la tienda de doña Lucha porque ¿Qué se puede auditar sin normativas?”, complementó Rocha.
Aseveró que ya tienen “resuelto” este problema porque en el próximo Congreso de la FBF se presentará un manual “muy completo” donde está definido “desde el manejo de la caja chica hasta el reglamento de contratación de personal para la institución”.
Rocha expresó su preocupación por el hecho de que por “negligencia” y “falta de seguimiento” al cumplimiento de obligaciones contractuales de la Federación, la organización se vea obligada a desembolsar más recursos a raíz del partido amistoso, que finalmente no se jugó ante Nigeria hace dos años.
“Esa situación provocó que el ente federativo tuviera que pagar 200 mil dólares a Eurodata (que organizó el amistoso Nigeria-Bolivia) como indemnización por daños y perjuicios, además de otorgarle los derechos de transmisión de nuestros partidos”.
MULTA Grájeda señaló que la Federación buscó evitar una multa mayor (un millón de dólares), para lo cual contrató a un abogado (Pérez), pero, luego, pasó a trabajar con otro jurista (Víctor Hugo López), que sigue asesorando al ente federativo en el caso que se presentó ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por los cuatro puntos perdidos en los cotejos de la Eliminatorias Sudamericanas ante Perú y Chile.
Sobre esas declaraciones, Rocha señaló que debido a que no hubo un buen seguimiento a este tema hay un conflicto de intereses. “La auditoría dice que no correspondía contratar, ni pagar y los abogados defienden su postura. La FBF puede perder 12 millones de dólares (unos 82 millones de bolivianos) en todo este proceso”.
